Por Joel Ortiz Rivera / joel.ortiz@elnuevodia.com

Un informe de una auditoría que la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Educación federal hizo al Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) encontró fallas en el cumplimiento de reglas y procedimientos de manejo y supervisión del programa de Título I o de Servicios Educativos Suplementarios (SES).

El documento, dirigido al secretario de Educación, Carlos Chardón, fue emitido el 21 de abril y se une a la carta enviada hace unos días a Chardón y al gobernador Luis Fortuño, en la que las autoridades federales amenazan con limitar la entrega de fondos al DE debido a manejos irregulares con los dineros destinados a Título I.

El programa SES cuenta con más de $100 millones anuales con los cuales Educación contrata a compañías privadas para que ofrezcan -después de las seis horas del periodo lectivo regular- tutorías en inglés, español y matemáticas a estudiantes de Título I de bajos ingresos familiares, en planteles que el DE determine que necesitan mejorar el aprovechamiento estudiantil.

Costosa falta de supervisión

Según el informe, que comprende el año escolar 2006-2007, el DE concedió 47 contratos por $112 millones a 18 proveedores, pero no los fiscalizó ni supervisó adecuadamente. Eso, según el documento, redundó en hallazgos que van desde estudiantes que alegadamente no recibieron los servicios -aunque firmaron y certificaron lo contrario- y en maestros que dieron clase a los participantes durante el horario regular de las escuelas y luego en las tutorías.

El informe señala que se conversó con los padres de 27 niños, que dieron su consentimiento para que se entrevistara a sus hijos. En ese proceso, una niña reveló que nunca asistió a las sesiones de tutorías, pero que firmó las hojas de asistencia a cambio de “puntos adicionales”. Otra dijo que asistió seis o siete veces, pero que firmó la hoja de asistencia como que fue a todas cuando una maestra del programa se lo pidió.

Una maestra identificada como la que proveyó los servicios a una de estas estudiantes, dijo que certificó que dio los servicios porque se lo pidió la coordinadora o líder de escuela que designa el proveedor a cada plantel, a pesar de que la estudiante fue a sólo una sesión.

También se menciona a estudiantes que no recibieron las 45 horas de servicio anuales; que el programa se le ofreció a estudiantes inelegibles; cuotas por uso de instalaciones del DE que no se le cobraron a los proveedores y que no se aseguró el derecho de los padres a escoger al proveedor que más conveniese a su hijo, como lo estipula el programa.

Freno al SES

El director de la Oficina de Asuntos Federales del DE, William Ubiñas, admitió conocer el informe e indicó que desde su llegada a la agencia en marzo de este año se percató de la falta de mecanismos de supervisión y fiscalización hacia los proveedores. Dijo que ordenó frenar el programa para evaluarlo a fondo. El programa SES es parte de Título I, al que se le asignan unos $500 millones anuales, cifra que con los fondos ARRA del gobierno del presidente Barack Obama podría elevarse a $800 millones a septiembre de 2011.

Tras dos meses de estudio por un comité, según Ubiñas, éste decidió cambiar el personal de la oficina de SES, y se trajo a un “administrador competente que pueda correr un programa de $100 millones”. Para eso designó a Denise Mattei. También nombró como auditor al contador público autorizado José Vázquez y como abogado a Walter Pierluisi. No especificó si éste tiene algún lazo familiar con el comisionado residente Pedro Pierluisi, quien tiene un primo segundo con ese nombre.

Sostuvo además que se propone establecer un sistema de supervisión en cada una de las regiones, mediante el cual se visite a cada uno de los más de 30 proveedores, posiblemente más de una vez a la semana.

Preocupa posible fraude

Sobre la alegación de niños que firmaron por un servicio que no recibieron, dijo que, si ocurrió así, “es bien preocupante. Básicamente la palabra es fraude”.

Informó que se trabaja en un proceso de identificación biométrica para que los estudiantes confirmen con su huella digital. Añadió que el asunto de los maestros que dan tutorías “es totalmente inaceptable, por lo que esa práctica la vamos a detener”.

“Ya está establecido este año que un maestro que esté en una escuela por ley no lo puede hacer (dar tutorías). El problema era demasiado y estaba generalizado en toda la Isla”, agregó.

Sobre por qué no se tomaron acciones preventivas para que las situaciones expuestas no ocurrieran, Ubiñas dijo que “habría que preguntarle a las personas que montaron este esquema en la oficina antes que yo”, y recalcó que lleva seis meses en su posición.

No obstante dijo que el DE está en el proceso de recuperar el dinero que adeuden los proveedores según el informe y que aunque no han impuesto sanciones, cuando se recertifique a los proveedores señalados, éstos tendrán que contestar cómo corregirán las situaciones. De reincidir corren el riesgo de perder la acreditación.

Mira a contratos millonarios

Las irregularidades que revela el informe de la OIG señalan a sólo dos de las más de 30 compañías proveedoras de servicio. Estas fueron Rocket Learning y AMAR Educational Services.

Según el informe, durante el año escolar 2007-2008, AMAR tuvo un contrato de $22 millones, mientras que Rocket Learning manejó uno de $13 millones. Carlos Rodríguez, director ejecutivo de AMAR, se mostró sorprendido por el informe, dijo desconocerlo y agregó que Educación nunca se ha comunicado con ellos para discutir las acciones correctivas a tomar. Dijo que AMAR es una compañía que el año pasado atendió 18,000 estudiantes de 184 escuelas y empleó 1,200 maestros. Incluso, dijo que el propio DE los auditó en julio y el resultado fue perfecto.

“Somos personas serias, sumamente honestas, y queremos hacer las cosas bien”, manifestó Rodríguez. “Hay personas que siguen las reglas y otras que no. Yo no puedo decir que en el momento en que se hizo la auditoria sucedían estas cosas. Pero no han venido a decirnos en qué fallamos. Y nos deben dar la oportunidad”, acotó.

Teorizó que en el informe se hizo un muestreo de los dos proveedores más grandes, idea con la que coincidió Jaime Palés, presidente de Rocket Learning.

Esta compañía, según Palés, fue fundada por él y por Hiram Pérez Arrillaga, quien fue mencionado como posible candidato a secretario de Educación en diciembre. Tiene 100 empleados a tiempo completo, 3,000 maestros y el año pasado atendió a 20,000 estudiantes. Palés dijo sentir frustración porque no se les permitió dar su explicación a los señalamientos, que según él tienen justificación. “Me enteré de la auditoría cuando fue colocada en internet. Fuimos al OIG para que se retirara y se resometiera con las explicaciones nuestras, pero no se nos permitió”, dijo.