La Ley Jones de 1917
Por:
Mario R. Cancel & Mayra Rosario Urrutia
En los albores de la Primera Guerra
Mundial y tras muchos intentos de reforma de la carta orgánica, el
Congreso aprobó la Ley Jones en 1917. Los reclamos de los
puertorriqueños fueron atendidos parcialmente. El hastío del
Comisionado Residente, Luis Muñoz Rivera, que moriría antes de la
aprobación de la Ley Jones era patente ante la apatía congresional. La
nueva carta orgánica, retuvo el puesto del gobernador norteamericano
nombrado por el Presidente. Creó un Senado deslindado de funciones
ejecutivas y de elección popular. La ciudadanía norteamericana
sustituyó a la puertorriqueña en un momento en que Estados Unidos se
adentraba en un conflicto mundial que exigía la lealtad de los
puertorriqueños. La isla continuaba siendo un punto estratégico
fundamental. Contrario a la Foraker, la Ley Jones contenía una carta
de derechos para los puertorriqueños y una cláusula, sujeta a la
votación popular, que proponía la prohibición del alcohol para la Isla.
Esta medida fue ratificada por los electores en un referéndum
celebrado en 1917. Mas la Ley Jones mantuvo intacto el estatus
colonial de Puerto Rico. Tal y como habían ratificado los casos
insulares del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Puerto Rico
pertenecía a Estados Unidos, pero no era parte de la nación. La
palabra final, la tendría el Congreso. No sería hasta 1947 que
aprobaría el derecho de los puertorriqueños a elegir a su gobernador.
La prohibición
del alcohol 1918-1934
La implantación acelerada del
capitalismo agrario, el nuevo marco de subordinación política, la
expansión del protestantismo, la proletarización de los trabajadores,
el cambio en las relaciones de género y un nuevo reclamo de
intervención al gobierno en los asuntos morales, fueron asuntos
simultáneos que se trataban a principios de siglo. Nuevos grupos
identificados con el progreso y la modernidad que supuestamente
traería el nuevo orden (como las Iglesias Evangélicas, la Federación
Libre de Trabajadores, masones, espiritistas, libre-pensadores en
general y Las Ligas Femíneas de Temperancia), emprendieron una
discusión en contra del consumo desmedido de alcohol como una forma de
reordenar la sociedad. Son las Iglesias evangélicas, a través de una
nueva cosecha de ministros protestantes puertoriqueños y las mujeres
de la elite criolla, mediante las Ligas Femíneas de Temperancia, los
líderes del asunto. Las mujeres letradas encontraron un espacio para
participar en asuntos públicos que le serviría para emprender
posteriormente reclamos políticos como el sufragio. Las obreras,
afiliadas muchas de ellas al Partido Socialista, también exigían el
sufragio femenino.
Luego de aprobarse la Prohibición en
1917, entró en vigencia el siguiente año. La medida criminalizó una
costumbre popular arraigada en el transcurso de cuatro siglos. Los
años que estuvo vigente el estatuto en la isla evidencian que su
implantación fue una empresa cuesta arriba tanto para el estado como
para el pueblo. A medida que la situación económica empeoraba para la
década de 1920, y el descalabro de la Depresión agudizaba las
precarias condiciones de la masa trabajadora, la necesidad económica y
la actividad delictiva se relacionaron. La Prohibición creó nuevos
problemas sociales derivados de la fabricación masiva de alambiques
clandestinos y de "cañita", el contrabando interno y con las islas
vecinas, la desobediencia abierta a la Ley y los estragos en la salud
a causa de las bebidas adulteradas. Aunque la clase alta también
participaba en actividades delictivas, fueron los pobres los
protagonistas públicos de la desobediencia civil. En una época de
necesidad económica, el fabricar y vender ron era un negocio lucrativo
en el que bien valía correrse el riesgo a cambio de cuadrar el
presupuesto.
Al adentrarse los puertorriqueños en la
década de 1920, sus problemas principales eran mejorar las condiciones
materiales y establecer relaciones satisfactorias con la metrópoli.
El peso del problema económico se lo
atribuyen a varios factores, entre ellos, el impacto negativo de la
acelerada penetración económica capitalista, la desigualdad en la
distribución de la riqueza, la sobrepoblación y la acaparación de
tierras por las corporaciones. La lucha por el gobernador electivo y
por el sufragio femenino serán vitales en los 1920. Aunque durante esa
década las mujeres no conseguirían el derecho al sufragio, las
oportunidades educativas fueron una vía para profesionalizarse y
trabajar como maestras, enfermeras, trabajadoras sociales, doctoras,
etc.
Los partidos políticos sufrirían de
nuevos reali-neamientos. Comenzaron a formar combinaciones que
prevalecieron hasta la fundación del Partido Popular Democrático en
1937. Al morir Luis Muñoz Rivera (1916) y José Celso Barbosa (1921),
el Partido Unión y el Republicano tomaron otro giro. El Partido
Socialista, fundado en 1915 no se libró de las alianzas de la época.
El nuevo partido de la Alianza agrupó a un sector de unionistas,
presididos por Antonio R. Barceló, con sus enemigos tradicionales
republicanos liderados por José Tous Soto. Otro sector de los
republicanos, al mando de Rafael Martínez Nadal, se aliaba a los
socialistas formando la Coalición Republicano Socialista. La Alianza
triunfaría en las elecciones de 1924 y 1928, mientras que la Coalición,
dominó la escena electoral de los 1930. Los trabajadores afiliados al
Partido Socialista se sintieron traicionados por sus líderes y
repudiaron los acuerdos concertados con los republicanos. En el 1932,
Antonio R. Barceló dejaría la Alianza y formaría el Partido Liberal
que abogaba por la independencia. Este partido acudiría a las urnas en
las elecciones de ese año.
Una economía
deprimida
La fuerza del huracán San Felipe azotó
a la isla el 11 de septiembre de 1928 ocasionando más de 300 muertes.
El estimado de las pérdidas materiales fluctuó entre los 50 y 85
millones. Era de esperarse que las frágiles viviendas rurales
sucumbieran ante la fuerza de los vientos que atravesaron la isla
desde el sudeste hasta el noroeste arruinando las cosechas de tabaco,
café y frutos menores. Las siembras de caña también sufrieron estragos,
pero en menor grado que las otras cosechas. Cuando comenzaban los
signos de recuperación, otro fenómeno pondría a tambalear la ya
maltrecha situación. La Depresión Económica que comenzó en Estados
Unidos en 1929 a partir de la caída de la bolsa de valores impactó la
economía puertorriqueña dependiente del mercado estadounidense. Sin
embargo, las condiciones sociales de la mayoría de la población ya
eran precarias desde muchos antes de San Felipe. Algunos de los
indicadores económicos que se agravaron con la Depresión fueron el
desempleo, el valor de las exportaciones, el producto nacional bruto y
el ingreso per cápita. Mientras los precios de los productos subían a
causa de la inflación, los salarios de los trabajadores eran
insuficientes para enfrentar la crisis. Mas las corporaciones
azucareras no parecían sentir los embates de la Depresión como otros
sectores agrarios. La protección tarifaria de la industria en el
mercado de Estados Unidos la benefició aún en época de crisis. Al
parecer, las fuerzas de la naturaleza se habían ensañado con la Isla
cuando en el 1932 el huracán San Ciprián causó daños estimados en más
de 30 millones. Miles de puertorriqueños residentes de la ruralía
comenzaban a emigrar a la ciudad con la esperanza de una mejor vida.
Se concentraban en barriadas marginales que se conocían como arrabales.
La creciente desigualdad social provocó cuestionamientos y protestas
populares y laborales. Por primera vez se articuló una crítica abierta
al modelo monoproductor y a las consecuencias del imperialismo
norteamericano.
El Partido Nacionalista fundado en 1922
por un sector de independentistas y bajo la presidencia de Pedro
Albizu Campos desde 1932, enfrentaría la situación del dominio
colonial incurriendo en serias confrontaciones con la policía insular.
Tras el nombramiento del Gobernador Blanton Winship en 1934, la
situación se agravó. Luego del asesinato de cuatro nacionalistas por
la policía el siguiente año, dos nacionalistas asesinaron al Jefe de
la Policía, Elisha Riggs. Elías Beauchamp e Hiram Rosado, acusados del
asesinato, fueron ultimados por la policía como represalia. Más tarde,
la Masacre de Ponce de 1937 fue uno de los episodios más sangrientos
entre los dos sectores. En la Masacre murieron civiles y dos policías
que se encontraban en la Parada del Domingo de Ramos. Los
acontecimientos, que se iniciaron como de una emboscada por parte de
la policía desembocaron en el arresto y encarcelamiento de los líderes
del partido. La época fue una de gran represión política y
desconfianza de las autoridades federales.
En los 1930, los trabajadores de la
caña organizaron huelgas a través de toda la isla, especialmente en el
1934. Las exigencias se concentraban en mejores condiciones de empleo
y salarios. A las protestas se le unieron diferentes sectores
laborales, como los obreros de los muelles, las tabaqueras, costureras
y desempleados, creándose en la isla un clima de protesta social.
La extensión
del Nuevo Trato
La extensión de los programas del Nuevo
Trato a Puerto Rico, al igual que ocurrió en Estados Unidos, no
resolvieron la crisis de la Depresión. Sin embargo, representaron
alivios temporeros. En 1933 se extendió a la isla la "Puerto Rico
Emergency Relief Administration"(PRERA), con fondos federales de la
"Federal Emergency Relief Act", conocida como la FERA. Sus medidas de
emergencia consistían en repartir alimentos y promover la construcción
de infraestructura para crear empleos y estimular la economía. Los
líderes del Partido Liberal, aunque de tendencia independentista,
establecieron nexos con el gobierno del Presidente Franklin D.
Roosevelt y promovieron las ayudas de emergencia. La administración de
fondos en manos de liberales suscitó pugnas con la Coalición que
dominaba la Legislatura. Con la creación de la "Puerto Rico
Reconstruction Administration" en 1935, la PRRA, se crearon programas
de salud, de electrificación, de construcción y eliminación de
arrabales, entre otros. Mas el asesinato de Riggs y la oposición de la
Coalición Republicana fueron serios agravantes en la implantación y
desarrollo de las medidas. No sería hasta después de finalizada la
Segunda Guerra Mundial y con el ascenso del Partido Popular al poder
que la economía tomaría otro giro.
Nace un nuevo
partido
Con la fundación del Partido Popular
Democrático en 1937, Luis Muñoz Marín, el hijo de Luis Muñoz Rivera,
avanzaría una campaña centrada en un programa económico dirigido a
rescatar al pueblo de la miseria. Muñoz decidió dejar a un lado el
asunto del estatus político. Combatió mediante su palabra clara y
sencilla las "viejas mañas" del pasado y las componendas en que habían
entrado los partidos políticos Alianza y Coalición con las
corporaciones azucareras. Exhortó a los puertorriqueños a ejercer su
derecho al voto limpio. El triunfo del PPD en 1940 fue uno
sorprendente pero precario. Muñoz, entonces Presidente del Senado,
contaba con el apoyo del Gobernador Rexford Tugwell para impulsar el
programa socioeconómico de su partido. Aunque el PPD ganó el Senado
por el escaso margen de un voto, en la Cámara de Representantes
dependía de los tres votos de la Unificación Tripartita para alcanzar
la mayoría. Algunos representantes cruzaron líneas de partido y
apoyaron el programa del PPD. El triunfo en las elecciones del 1944
fue indiscutible. Al aprobarse en 1947 la Ley del Gobernador electivo
tras muchos años de reclamo, Luis Muñoz Marín consolidó su poder al
ser electo gobernador en 1948. El partido ganaría sucesivamente hasta
1968.
Un sector descontento con el giro
ideológico que tomaba el PPD, alejándose del ideal de la independencia,
fundó en 1946 el Partido Independentista Puertorriqueño bajo la
dirección de Gilberto Concepción de Gracia. El partido, contrario al
nacionalista, abogaría por la independencia de la isla por la vía
electoral.
De la
agricultura a "Manos a la Obra"
El modelo industrial concebido por el
PPD se conoció como "Manos a la Obra". Desde la década de 1920, Luis
Muñoz Marín promovió la idea de atraer fábricas a la isla con exención
contributiva cuando era el representante de la Comisión Económica de
Puerto Rico. Ahora, como gobernador y con la colaboración de Teodoro
Moscoso, impulsaba este proyecto basado en atraer fábricas
manufactureras. Las promesas del PPD consistían en ofrecer a los
inversionistas paz industrial, mano de obra barata y estabilidad
política. El economista James Dietz, establece que entre 1941 y 1949,
la estrategia del partido fue la reforma agraria, la reorganización
administrativa, el desarrollo de la infraestructura y la compra de
fábricas por el gobierno. Luego, a partir del 1945, se entrecruza otra
etapa en la que se pospone la reforma agraria, se venden las fábricas
y se comienzan a desarrollar estrategias para atraer el capital
extranjero.
La transformación industrial acelerada
que experimentó Puerto Rico llevó a que la isla se considerara para la
década de 1950 como "la vitrina del Caribe". El éxito de los programas
desarrollistas la transformó en un laboratorio. Miles de personas del
Caribe y de todas partes del mundo visitaron y estudiaron la
experiencia local para luego trasladarla a sus países. Claro está,
dentro del marco de relaciones con Estados Unidos.
Las urbanizaciones de bajo costo
comenzarían a albergar a una clase media mientras que arrabales como
La Perla en San Juan, servían de morada a sectores marginales.
Modernos hoteles comenzaban a construirse para atraer el turismo y
fomentar la economía. Los supermercados hicieron su aparición causando
la fascinación de un pueblo que aspiraba a la modernidad. Durante la
época industrial una sociedad de consumo se consolidaba.
Mas la industrialización tampoco fue el
remedio para el desempleo y los males sociales. Durante la década de
1950 miles de puertorriqueños emigraron a Nueva York en búsqueda de
empleo. La imagen de puertorriqueños de escasos recursos abordando los
"clippers" de PAN AM forma parte de las particularidades de esa época.
Los males sociales, como la contaminación ambiental, los daños
ecológicos, los consabidos tapones, la criminalidad y el culto al
individualismo también acompañaron el proyecto a través de los años y
la sociedad moderna en la que viven los puertorriqueños.
A principios de la década, el PPD
propuso la creación de una Convención Constituyente para redactar una
Constitución. La misma fue aprobada el 25 de julio de 1952
sustituyendo las disposiciones de la Ley Jones de 1917. A partir de su
aprobación, Puerto Rico dejó de figurar en la lista de territorios
coloniales de las Naciones Unidas a pesar de mantener muchas de las
características de una sociedad colonial.
Plebiscitos y
ascenso del bipartidismo
El plebiscito, o consulta de estatus,
impulsado por el PPD en 1967, arrojó un apoyo mayoritario de un 60% al
ELA. A pesar del respaldo a esa fórmula política, el desgaste del
partido en los 1960 era evidente. Un año después, experimentó su
primera derrota electoral luego de veinte años en la gobernación.
Entre 1964 y 1968 el gobernador había sido Roberto Sánchez Vilella, un
brillante servidor público de carrera y representante de una nueva
generación de populares quien al final de su mandato se separó del
PPD.
El triunfo del recién creado Partido
Nuevo Progresista y del candidato estadista, el industrial Luis A.
Ferré, frente al candidato del PPD, Luis Negrón López, también quebró
la hegemonía del partido y marcó el aumento gradual de las fuerzas
anexionistas en el siglo 20. El bipartidismo se consolidaría en la
isla y los dos partidos principales comenzarían a turnarse. Entre 1972
y el 2000 cada uno ganó cuatro elecciones. El Partido Independentista
ha retenido entre un cuatro y un cinco porciento de los votos.
Aunque el PNP no revalidó en 1972,
tanto Carlos Romero Barceló (1977-1984) como Pedro Rosselló González
(1993-2000), adelantaron la causa estadista durante sus respectivas
gobernaciones. Las políticas más notorias de Rosselló se basaron en la
privatización de empresas gubernamentales. La venta más criticada fue
la de la Telefónica, la cual generó numerosas protestas y marchas
multitudinarias. La oficialización del idioma inglés junto con el
español y la implantación de la reforma de salud, fueron otras medidas
controvertibles aprobadas durante su administración.
A partir de la celebración del
plebiscito de 1967, el asunto del estatus ha estado vigente con más
fuerza en la política isleña. La estadidad, la independencia y el
autonomismo, siguen siendo las opciones políticas. El tradicional
apoyo al Estado Libre Asociado, aunque mantiene una ventaja, ha
declinado significativamente si comparamos los resultados
plebiscitarios de 1993.
El 4 de noviembre de ese año se celebró
un plebiscito de tres opciones impulsado por el gobernador Rosselló.
Los electores favorecieron el ELA con una pluralidad de un 48.4%. La
fórmula estadista obtuvo un 46.2% y la independentista un 4.4%. Cinco
días más tarde se llevó a cabo en la isla la efeméride del Quinto
Centenario del "descubrimiento" de la isla. Las celebraciones en torno
a este gran evento disiparon las divisiones de los puertorriqueños que
habían aflorado en la contienda plebiscitaria. Como un fenómeno
particular, reiteradamente la mayoría del pueblo de Puerto Rico se ha
reafirmado en la defensa de su identidad cultural independientemente
del estatus político que profese.
Antes de finalizar el siglo, los
electores regresaron por tercera vez a las urnas plebiscitarias,
también a instancias del PNP. El 13 de diciembre de 1998 se incluyeron
cinco opciones. En adición a la estadidad, el ELA y la independencia,
se votaría por la libre asociación y por una quinta columna llamada "ninguna
de las anteriores". La quinta opción obtuvo un 50.2% de los votos
dejando en un franco desconcierto a los congresistas. El PPD
interpretó el triunfo como un rechazo a la estadidad. Mientras que el
PNP, lo interpretó como un rechazo al ELA. Adentrándonos en un nuevo
siglo el dilema centenario del estatus continúa. El Congreso, sigue
reteniendo el poder sobre la Isla.
El Cerro
Maravilla
Uno de los sucesos políticos más
controvertibles y comentados en el Puerto Rico de la década de 1980
fue la ejecución de dos jóvenes independentistas en las torres de
comunicación del Cerro Maravilla. A pesar de que los miembros de la
policía que los acompañaron en el momento de su muerte se declararon
inocentes del suceso, finalmente la prueba apuntó hacia su
culpabilidad. El entonces Gobernador Carlos Romero Barceló había
felicitado a los policías públicamente por éstos haber evitado unos
supuestos actos de sabotaje en 1978. Durante la campaña de 1980, se
rumoraba que los jóvenes Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví,
habían sido ejecutados mientras pedían clemencia. Cuando el PPD obtuvo
el control del Senado en 1980, se inició una investigación senatorial
bajo la dirección del licenciado Héctor Rivera Cruz. La misma confirmó
las sospechas de numerosos sectores del país. Los agentes que
cometieron perjurio en sus declaraciones iniciales fueron convictos
por asesinato y enviados a prisión.
La quiebra del
modelo económico
La crisis económica que comenzó en
1973, como consecuencia del aumento en los precios del petróleo del
Medio Oriente, hizo tambalear el modelo industrial "Manos a la Obra"
que promovía para esa época a la industria petroquímica. Refinerías
como la CORCO permanecen hasta el día de hoy como ruinas del progreso
que se intentó impulsar en esa década. El desempleo aumentó a un 20%
en 1977, el Producto Nacional Bruto descendió, los niveles de ingreso
se estancaron y más de 270 huelgas tuvieron lugar durante el
cuatrienio de Rafael Hernández Colón (1973-1976). Al agravarse la
situación económica en Estados Unidos, a mediados de los 1970 hubo una
migración de retorno a la Isla. Esta tendencia cambiaría en la década
de 1980 cuando una emigración de profesionales abandonó el país en
búsqueda de mejores condiciones de empleo y mejor calidad de vida.
Alrededor de 5,000 puertorriqueños
emigraron anualmente siendo su destino preferido el sur de Estados
Unidos. Los puertorriqueños forman una comunidad significativa en los
Estados Unidos. Aunque Nueva York concentra la mayoría de la diáspora,
se estima que los estados de Florida, Massachusetts, Texas,
Connecticut y Pennsylvania han experimentado un gran crecimiento en
las dos últimas décadas del siglo 20.
Como una alternativa para enfrentar la
crisis económica, en 1976 se aprobó la sección 936 del Código de
Rentas Internas. El propósito era estimular la economía garantizando
que las exenciones contributivas de las ganancias derivadas de las
inversiones en Puerto Rico se mantuvieran intactas. El impacto de la
936 resultó en un gran influjo de capital en la isla al punto de que
en 1983 los beneficios ascendieron a 1.64 billones. Era la época del
auge de las farmacéuticas. Durante los 1990 comienza la amenaza de
erradicar la sección generando un pánico en los sectores políticos
autonomistas. Finalmente, durante la gobernación de Pedro Rosselló y
siendo Comisionado Residente en Washington Carlos Romero Barceló, el
Congreso eliminó la 936 quebrando una de las vértebras principales del
ELA y de la economía de Puerto Rico.
Sila María
Calderón, la primera mujer gobernadora
En las elecciones de 2000, los tres
candidatos a la gobernación fueron Rubén Berríos, por el Partido
Independentista, Carlos Ignacio Pesquera, por el Partido Nuevo
Progresista y Sila María Calderón, por el Partido Popular Democrático.
Las acusaciones de corrupción y de malversación de fondos a
funcionarios del gobierno del PNP acapararon la atención de la campaña
y socavaron el poder del partido luego de ocho años en el poder. Tras
una ardiente campaña, Sila María Calderón obtuvo la mayoría de los
votos con el lema de "Un gobierno limpio". Triunfó como la primera
mujer gobernadora con un 48.4% de los votos. Pesquera obtuvo un 46.2%
y el candidato del PIP un 4.8%.
Aníbal Acevedo Vilá derrotó al veterano
político estadista y ex gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero
Barceló en la carrera de Comisionado Residente. Durante los primeros
meses de su gobernación el éxodo de fábricas a causa de la derogación
congresional de la sección 936 del Código de Rentas Internas
estremeció al país. La gobernadora se ha comprometido con buscar
nuevas alternativas para atraer industrias y remediar el desempleo.
Otro de sus compromisos ha sido abogar por el cese de los bombardeos
de la Marina en la Isla Nena.
Vieques
Uno de los asuntos más discutidos en
las elecciones de 2000 fue la situación del municipio viequense. Esto,
debido al uso como campo de entrenamiento que ha hecho la Marina de la
isla con balas vivas e inertes por más de 60 años. El asunto de
Vieques revivió luego de la muerte del guardia de seguridad David
Sanes en 1999. El daño ecológico, el ruido de las detonaciones, la
alta incidencia de cáncer y los estragos económicos han sido algunos
de los argumentos en contra de la Marina. La Marina, en cambio, alega
que Vieques no se puede sustituir como campo de entrenamiento. La
posición del PNP ha sido avalar un acuerdo con el ex-presidente
Clinton que prometió la salida de la Marina en el 2003. La del PIP, ha
sido adelantar la consigna "Ni una bala más" y recurrir a actos de
desobediencia civil. El PPD, se unió a este clamor antes de las
elecciones de 2000 y exigió el cese de bombardeos. Sus miembros
participan en actos de desobediencia civil aunque ésta no sea una
política oficial del partido. El Tribunal Federal ha procesado cientos
de casos de desobedientes que no cesan en su compromiso con el retiro
de la Marina. La severidad de las penas a algunos de ellos, como al
líder independentista Rubén Berríos Martínez, ha generando críticas en
todo el país.
Alrededor del caso de Vieques se han
agrupado numerosas organizaciones cívicas y religiosas que exigen paz
para ese municipio y que han elevado el caso al ámbito internacional.
Las presiones han llevado al nuevo presidente George W. Bush a
ratificar el retiro de la Marina en 2003 y a admitir que los
viequenses no la quieren, abriendo así una nueva controversia política
y de seguridad nacional.
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