Escollo para estudiar

Sin diploma de cuarto año no habrá acceso a las becas Pell

Según la profesora Ana Helvia Quintero, el gobierno tendrá que buscar alternativas para ayudar a los que no puedan cumplir con el nuevo requisito. (Archivo / AP)

Por Yaritza Santiago Caraballo / ysantiago1@elnuevodia.com

A la cadena de cambios en los requisitos para ser elegible a las becas Pell se suma un nuevo ingrediente: tener el diploma de cuarto año de escuela superior, o de lo contrario el individuo no podrá recibir esta ayuda federal.

Este nuevo requisito -que entrará en vigor a partir del 1ro. de julio- afectará cada año a cerca de 5,000 estudiantes de instituciones de educación postsecundaria. Además, dejará desprovisto al País de entre $40 millones a $50 millones de fondos para becas, sostuvo ayer el presidente de la Red Técnica Universitaria de Puerto Rico, Guillermo Nigaglioni.

La ley de Título IV permite a aquellos individuos que no tienen diploma de cuarto año de escuela superior tener acceso a las becas Pell si pasan la prueba de conocimientos “Ability to Benefit Test” (ABT) o si completan al menos seis horas crédito o 225 horas regulares en una institución elegible para ayudas del referido estatuto federal.

El programa ABT consiste en que los estudiantes aprueben un examen reconocido y aprobado por el Secretario de Educación de los Estados Unidos para determinar si poseen la habilidad o las destrezas necesarias para beneficiarse de los programa de estudios que ofrezcan las instituciones postsecundarias, aunque el estudiante no haya completado su cuarto año de escuela superior.

Pero ahora -sin el diploma- el estudiante tendrá que costear sus cursos postsecundarios. Esto, según Nigaglioni -también presidente y principal oficial ejecutivo de EduK Group, que opera el Instituto de Banca, entre otras instituciones- amenaza con dejar en la calle a miles de individuos que buscan la oportunidad de estudiar y lograr un mejor empleo.

“El estudiante que no se puede mover a lograr su cuarto año va a estar en la calle con menos probabilidades de conseguir algo”, dijo. “Nosotros como asociación e instituciones individuales apoyamos que el estudiante consiga su cuarto año, pero hay que trabajar con la realidad”, sostuvo.

Golpe al desertor

Y es que entre los estudiantes que completan el cuarto año de escuela superior a través de exámenes libres hay muchos desertores que con los nuevos requisitos de las becas Pell verán tronchados sus sueños de prepararse mejor.

“Esto va a afectar a los que más necesitan, a los que quieren echar para adelante y eso puede crear más desempleo”, opinó la profesora y exsubsecretaria del Departamento de Educación, Ana Helvia Quintero.

Si bien este nuevo requisito impacta al individuo, algunas de las instituciones postsecundarias que trabajan con el programa ABT también recibirán un cantazo en sus ingresos pues anticipan una merma en la matrícula de estudiantes.

Armando Rodríguez, director de admisiones de MBTI, sostuvo que un 20% de los estudiantes matriculados en esa institución se afectarán en el próximo curso académico pues no cualificarán para estudiar con becas.

MBTI cuenta con un total de 2,000 estudiantes en sus cuatro centros.

“No es que no puedan venir, es que tendrán que costear los estudios si no tienen el diploma de cuarto año”, puntualizó.

Asimismo, Mayra Vilanova, directora del Departamento de Asistencia Económica de John Dewey College, destacó que de los casi 10,000 estudiantes que tienen a través de sus nueve recintos, entre 15% y 20% se quedará sin servicios si no costea los estudios.

“Es una oportunidad que se les cierra a las personas que han sido marginadas a través de los años, que han sido desertores escolares, que han sido jóvenes embarazadas que no han podido estudiar. Esto es un grupo grande que se queda sin el servicio. Es duro”, dijo.

Ante este panorama, la profesora Quintero sostuvo que el gobierno tendrá que buscar alternativas para ayudar a esta población educativa

1 de mayo de 2012

GARANTÍA DE ACCESO A LAS UNIVERSIDADES

Las nuevas limitaciones federales para acceder a las becas Pell y el aumento en los intereses de los préstamos estudiantiles plantean un panorama detrimental a las aspiraciones universitarias de nuestros jóvenes, lo que exige de las autoridades un plan de ajustes que, aun en el escenario de los recortes, garantice el acceso a la educación superior.

Los cambios restrictivos en los requisitos de elegibilidad para las becas, no sólo causarían daños directos a los estudiantes y las instituciones universitarias, sino que también traerían consecuencias colaterales sobre nuestra economía.

De entrada, este verano cambiará la forma en que hasta el presente unos 240,000 estudiantes universitarios de escasos y medianos recursos acceden a las importantes ayudas federales, las que por un lado nivelan sus oportunidades educativas y laborales respecto a los pudientes y, por el otro, constituyen el 80% de los ingresos de las universidades privadas. Dichas ayudas inyectan la importante suma de $1,046 millones al año a nuestra economía.

En el plano individual, el requisito de ingresos anuales que se usa para cernir a los aspirantes a becas y establecer la cantidad máxima que reciben es el que afectará a más personas.

Al presente, con un ingreso familiar o individual anual de $30,000 el becario recibe el máximo de $5,500 al año para sus estudios. Pero a partir de julio, sus ingresos no pueden ser mayores de $23,000 anuales para llegar a ese tope.

Estas becas tampoco estarán disponibles si el estudiante no tiene un diploma de escuela superior. Aunque parecería lógico exigir por lo menos un cuarto año de estudios para ser becado, para ajustarse al perfil del desertor escolar y darle opciones de empleo, por años se eximió de ese requisito a los matriculados en los institutos vocacionales.

Las nuevas normas coinciden, a su vez, con las propuestas actualmente en discusión en el Congreso dirigidas a reducir precisamente el máximo de $5,500 de la beca Pell y la vía libre ya concedida a las instituciones financieras para comenzar a cobrar los intereses de los préstamos estudiantiles efectivo a la fecha de graduación, eliminando así el período de gracia concebido para dar margen a la búsqueda de un trabajo.

Ante este cuadro, la amenaza que para la formación de profesionales representan las medidas federales demandan una reconceptualización por parte del Gobierno de Puerto Rico del principio de acceso a la educación superior.

Aunque la universidad del Estado mantiene sus costos por debajo de las privadas, es una realidad que los estudiantes de menos ingresos y promedios, cuyos padres no pudieron enviarlos a estudiar a colegios privados, constituyen el grueso de las matrículas de las universidades privadas.

Quiere decir que las reducciones de las ayudas federales sobre estas instituciones no sólo van a generar una enorme presión sobre el sistema universitario público, sino que actuarán como un embudo donde al estudiante pobre que depende de ayudas gubernamentales le va a tocar la peor parte.

A la administración de la universidad pública le toca por lo tanto tomar en cuenta estas realidades a la hora de fijar tarifas de matrículas y nuevas cargas, pues la beca Pell contra la que se cobró la cuota de $800, por ejemplo, se va a achicar.

Además de garantizar costos de estudios bajos le toca, al igual que a las privadas, buscar nuevas alternativas de estudio y trabajo y maximizar las disponibles, gestionar alianzas con el sector privado, -que se beneficia de un estudiante mejor preparado-, y revisar sus programas de ayuda estudiantil.