El Estado Libre Asociado

En 1947, el Congreso Federal otorgó a los puertorriqueños el derecho a elegir a su propio Gobernador, colocando directamente bajo éste toda la estructura ejecutiva. En noviembre de 1948 fue elegido por primera vez como gobernador Luis Muñoz Marín, del Partido Popular Democrático, que tomó posesión de su cargo en enero del año siguiente. En 1950 fueron sometidos a la aprobación del pueblo puertorriqueño una serie de enmiendas a la ley que regulaban las relaciones entre el gobierno federal y el de la isla. El 3 de julio de 1952, Puerto Rico adquiría la categoría de Estado Libre Asociado, y el 25 de julio del mismo año los puertorriqueños redactaron su propia constitución y organizaron bajo su dominio el gobierno interno de la isla. Los principales elementos jurídico-políticos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico son los siguientes: unión permanente con los EE.UU, y autoridad suprema de la Constitución y de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los Estados Unidos sobre guerra, defensa y servicio militar, relaciones diplomáticas, inmigración y aduana, control de la televisión, moneda y correos; comercio internacional, régimen de pasaporte, seguro social y ley de quiebras.

Durante el largo período de gobierno del PPD (1940-1968) se acometió una gran transformación socioeconómica de la isla: del monocultivo azucarero se pasó a una progresiva diversificación, y a partir de 1948 los populares dieron un nuevo impulso al proceso de industrialización del país. Inicialmente el Estado aportó capital industrial, con el cual se crearon fábricas de cristal, cemento y papel. Tras ello, los populares se propusieron incentivar la inversión externa eximiendo totalmente del pago de contribuciones por un período que podía llegar hasta los 17 años a las empresas que se radicaran en Puerto Rico. El programa de Fomento Industrial corría a cargo de Teodoro Moscoso, que a mediados de los años sesenta promovió el desarrollo de la industria pesada mediante el establecimiento de plantas petroquímicas en las regiones sur y sudeste del país. En los años 1970 y 1980 prevalecieron las farmacéuticas y las fábricas de artículos electrónicos, que generaron un aumento de la renta de los puertorriqueños, que se concentraron masivamente en las ciudades. Al convertirse en Estados federados de los Estados Unidos los territorios de Alaska y Hawai se reforzó en Puerto Rico el sector favorable a la integración plena; en cambio, como consecuencia de la revolución de Fidel Castro, también se generó en Puerto Rico una corriente nacionalista e independentista.

En 1967, el Partido Popular celebró un plebiscito para determinar la opinión mayoritaria de la isla. Los partidarios de la conversión de Puerto Rico en un Estado más de la Unión consiguieron el 39% de los votos, mientras que los defensores del estatuto de Estado Libre Asociado obtuvieron más del 60%. De 1969 a 1972 ejerció el poder en Puerto Rico el Partido Nuevo Progresista (PNP), con Luis A. Ferré. La elección de 1972 dio mayoría de nuevo al PPD y a su líder, Rafael Hernández Colón, mientras que las votaciones de 1976 y 1980 llevaron al poder al líder del PNP, Carlos Romero Barceló. Las elecciones de 1984 y 1988 fueron ganadas por el Partido Popular, saliendo triunfador Rafael Hernández Colón, que tomó posesión el 2 de enero de 1985 y el 2 de enero de 1989, respectivamente. En las elecciones a Gobernador celebradas a finales de 1992 triunfó Pedro Rosselló, candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) y partidario de la anexión a Estados Unidos. En 1993 se celebró un referéndum sobre el estatuto de la isla en el que triunfó la opción de mantener el acuerdo de libre asociación con los Estados Unidos sobre la propuesta de los anexionistas, partidarios de la incorporación total. Sin embargo, los resultados de este plebiscito fueron tan ajustados (48,6% a favor del Estado Libre Asociado, 46,3% a favor de las tesis federalistas y 4,4% a favor de la plena independencia) que el gobernador Rosselló prometió la celebración de otra consulta popular. En el caso de que triunfara la opción de convertirse en el estado número 51 de los Estados Unidos de América, el Congreso de este país debería aprobar esta decisión y su Presidente presentar un plan de transición para Puerto Rico. Por otro lado, el cambio de situación de los puertorriqueños está planteando grandes debates en el seno del Congreso norteamericano, debido a la realidad cultural y económica de la isla y a las consecuencias que podría tener la alteración del balance de poder en la cámara legislativa, dado que Puerto Rico tendría derecho a elegir a 5 ó 6 congresistas.

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