Evolución en el siglo XIX

En 1808, las tropas napoleónicas invadieron España y las colonias españolas se negaron a reconocer al nuevo rey, José Bonaparte, hermano del emperador francés. Los residentes en Puerto Rico estaban interesados en su mayoría en la conservación del Imperio y se mantenían fieles a la metrópoli, por lo cual fueron recompensados en 1815 con la instauración del comercio libre con otros países. Puerto Rico y Cuba fueron los lugares de reunión de tropas destinadas a sofocar la rebelión en Tierra Firme, y ambos territorios contribuyeron a abastecer a las tropas realistas y acogieron a los exiliados del continente. La Junta Central Suprema Gubernamental de España y las Indias elevó en 1809 las colonias ultramarinas, mediante decreto, a la categoría de Provincias del Reino, otorgándoles representación en las Cortes que habrían de reunirse en Cádiz. El primer diputado a Cortes elegido en Puerto Rico fue Ramón Power y Giral, oficial de la marina española nacido en la isla. Power obtuvo la creación en Puerto Rico de una Intendencia de Hacienda independiente de la Gobernación. Su primer responsable fue Alejandro Ramírez, que fue designado hacendista peninsular. Su política económica fue la de explotar los recursos que ofreciera la isla, afrontando la desaparición del situado mexicano.

En 1815, Fernando VII concedió por decreto la Real Cédula de Gracias, por la cual se permitía la libre admisión de extranjeros y se liberalizaba plenamente el comercio. En las etapas liberales de 1812-14 y 1820-23, Puerto Rico pudo elegir diputados nacionales y provinciales. En esta segunda etapa liberal (1820-23) la isla estuvo representada en Madrid por Demetrio O`Daly. Tras el restablecimiento del absolutismo tomó el poder en Puerto Rico el general Miguel de la Torre, cuyo mandato duró hasta 1837. En esta etapa prosiguió el aumento demográfico, con un total de 358.836 habitantes en 1834. Tres años después volvió a instaurarse en España la monarquía constitucional, y las Cortes del Reino decidieron que las provincias de Ultramar no participarían del régimen constitucional peninsular. Así, Puerto Rico no fue considerada como provincia de pleno derecho, sino como una colonia bajo el poder de un gobernador militar. En la isla se fueron perfilando tres corriente principales de opinión: los conservadores, que apoyaban al gobierno colonial para salvaguardar sus intereses esclavistas; la de los liberales, que querían asimilar la isla al resto del Estado español, y la de los independentistas, cuya conciencia fue en incremento por el problema de la esclavitud tras la abolición en EE.UU., en 1865 (la esclavitud continuaba siendo legal únicamente en Brasil, Cuba y Puerto Rico).

Breve historia de la esclavitud en Puerto Rico [ENTRAR]

Los intentos de reforma política

La Revolución española de 1868, La Gloriosa, halló eco en Puerto Rico: el 23 de septiembre de ese mismo año, el improvisado presidente, Francisco Ramírez, con un ejército de 380 hombres, estableció en el pueblo de Lares un gobierno provisional. Al levantamiento se le conoce como el Grito de Lares, que instauró una república en la isla. No obstante, la intentona fue sofocada en muy pocos días por las milicias de San Sebastián. En España, la Revolución de 1868 destronó a Isabel II y dio origen a un largo período progresista en la metrópoli, primero con Amadeo de Saboya y luego con la Primera República Española. Paralelamente, en la colonia se fundaron en 1870 y 1871 los partidos políticos Reformista y Conservador, y dos años más tarde la I República Española estableció en Puerto Rico la primera Diputación Provincial, aboliéndose definitivamente la esclavitud. Con la restauración de la monarquía borbónica se devolvería a la isla su estatuto colonial, permaneciendo vigente sólo la abolición de la esclavitud. Los conservadores se agruparon en el Partido Incondicional Español, y el movimiento liberal quedó reestructurado en 1887 como partido autonomista y defensor de la descentralización administrativa en todas las cuestiones locales. El principal representante de esta tendencia política fue Román Baldorioty de Castro, que consiguió en 1896 que en Madrid se recibiera a una comisión de autonomistas, que arrancaron de don Práxedes Mateo Sagasta un compromiso de acometer la descentralización que se plasmaría el 25 de noviembre de 1897. En febrero instauró un gobierno autónomo provisional en febrero de 1898, con Muñoz Rivera, José Diego, Quiñones, Coll y Toste, Hernández López y Díaz Navarro.