Historia de Puerto Rico
Aspectos político culturales en Puerto Rico: 1765-1897
Siglos 18 y 19
Para el caso europeo el período revolucionario francés iniciado en 1789 y culminado en 1815 con la caída del imperio de Napoleón I, dejó unas huellas imborrables en la conciencia continental. La Revolución Francesa no sólo fue el cuestionamiento más radical del modo tradicional de operar de las monarquías. Cimentadas en el criterio del absolutismo y el origen divino del poder real, aquellas se enfrentaron al reto de los proyectos de participación popular impuestos por el "Tercer Estado", la burguesía, que arrastraron consigo las aspiraciones del "Cuarto Estado", los pobres y los desclasados. El orden tradicional europeo no volvería a ser el mismo desde aquel momento. La inestabilidad de los borbones en Francia significó la pérdida temporal del principal aliado de España en el continente europeo. No fue hasta el año 1796 que la España absolutista estuvo dispuesta a aliarse tácticamente con la república francesa a pesar de la gran distancia que había entre ambos regímenes de gobierno. Las consecuencias de alianza fueron notables. Primero significó la pérdida definitiva de la isla de Trinidad a manos de los ingleses en 1797. Segundo, la agresión por esos mismos días de Ralph Abercromby y William Harvey a la capital de la colonia. De hecho, después de la afirmación de Napoleón Bonaparte en el poder (1803), España fue invadida por los franceses en 1808, creándole una de las mayores crisis políticas a la monarquía española como se verá más adelante En el caso americano, la situación tampoco era la más halagadora para las fuerzas de la tradición. En 1776 proclamaban su independencia las 13 colonias británicas de América del Norte. España, en eterna disputa con los ingleses y sin presentir las consecuencias que ello iba a tener en el largo plazo, respaldó las gestiones de los rebeldes abriendo sus puertos a los colonos en armas. Aquellas colonias, convertidas en una nueva y poderosa república ?Estados Unidos- se transformaron en el más importante reto a la hegemonía hispánica sobre el hemisferio occidental. Entre 1791 y 1804 se consolidó, por otra parte la independencia del Santo Domingo francés, nacido a la soberanía con su tradicional nombre aruaco insular: Haití. La revolución haitiana tuvo un carácter especialmente revolucionario. Conllevó no sólo la proclamación de la independencia sino la abolición total y definitiva de la esclavitud africana. Aquella fue una guerra cargada de odios raciales en donde las comunidades rebeldes afro-haitianas no estuvieron dispuestas a tolerar la presencia francesa en su territorio después de la liberación. Independencia y exterminio de los blancos fueron asuntos que caminaron de la mano en el caso haitiano. Junto a ello, el propósito firme de exportar la revolución donde quiera que hubiese esclavitudes alteró en gran medida el lenguaje revolucionario de su tiempo. Desde entonces independencia y abolición de la esclavitud ?identificada con una revolución racial- serían los dos más grandes temores que España abrigaría respecto a sus posesiones insulares y continentales. Los temores no estaban infundados. A partir de 1808, en medio de la invasión napoleónica del territorio peninsular, el viejo imperio colonial hispánico se vino abajo como un castillo de naipes. La apertura política ideada por la resistencia antifrancesa, el permitir la fundación de Juntas en los territorios coloniales, facilitó la organización de los sectores criollos para reclamar y comenzar a construir sus soberanías. El separatismo político era la orden del día hacia 1810. Desde México y Caracas, los padres Hidalgo Costilla y Morelos y el criollo Simón Bolívar, se irían convirtiendo en los signos de la nueva América por nacer. Desde las primeras juntas en 1808 hasta el Congreso de Panamá en 1825, aquellas tierras batallaron para estabilizar su soberanía nacional en medio de una situación internacional compleja. La utopía de la unidad hispanoamericana y la necesidad geopolítica de ultimar el proyecto con la separación de las Antillas españolas nunca pudo consolidarse de un todo. Las razones fueron múltiples Tras la derrota definitiva de las fuerzas napoleónicas en España y el regreso del orden en la figura del rey Fernando VII llamado "El deseado", eran los tiempos de la Restauración, el absolutismo se hizo de la península al rescate de sus fueros. Si bien España no pudo recuperar las tierras continentales, sí consiguió ajustar cuentas en las Antillas Mayores estrechando su control sobre ellas mediante gobiernos que toleraban las reformas pero seguían gobernando con mano dura contra la oposición. Si a ello se añade el interés de la creciente potencia americana Estados Unidos- en que las islas permanecieran en manos del "enemigo más débil" España-, se puede comprender por qué resultó políticamente imposible lograr la soberanía de las mismas en aquel momento. Hay que decir que hacia 1825, en medio del Congreso de Panamá, las nuevas repúblicas hispanoamericanas con la Gran Colombia a la cabeza, no se atrevían a tomar una decisión política que pudiera contradecir los intereses de Estados Unidos. El bastón de la hegemonía política había pasado, definitivamente a la potencia del norte. La pregunta es ¿qué significó específicamente para Puerto Rico todo aquel cúmulo de procesos? En general para la colonia aquello implicó la necesidad de afirmar el poder español en este territorio. Aquel proceso había comenzado a darse paralelamente con el llamado Ciclo Revolucionario Atlántico. El centralismo borbónico cumplió con aquel proyecto dominador afirmando los controles sobre las islas. En general, desde 1765 en adelante se revisaron las funciones que tenían adscritas los tradicionales "tenientes a guerra" en los pueblos. En el proceso de revisión, muchas localidades especialmente las más antiguas, adquirieron título de "villa" con lo cual pudieron organizar sus gobiernos locales alrededor de un alcalde y un cabildo. Ese fue el caso de Arecibo, Aguada y Coamo en 1778. Igualmente, ante la inestabilidad internacional y por recomendaciones específicas del Mariscal de Campo Alejandro O'Reilly, se realizó una gigantesca inversión en las fortificaciones de la capital. Durante aquel período se construyó el Castillo de San Cristóbal, se amplió y mejoró el San Felipe del Morro y en 1780 se completó el cerco de la ciudad con la muralla oeste entre el San Felipe y la Fortaleza. Paralelamente se ordenó la creación de las "milicias disciplinadas" para sustituir al ineficiente Batallón Fijo de la ciudad y se dispuso la organización militar de los vecinos y su entrenamiento en las artes bélicas. El peso de la defensa de la colonia descansaría sobre los criollos, en ese sentido Por otro lado, a raíz de la pérdida de su gigantesco dominio colonial en los dos continentes, España se vio forzada a tratar de obtener la mayor parte de los dividendos y beneficios posibles del exiguo imperio que le quedaba. La hora económica de Puerto Rico llegó en aquel momento de crisis internacional. Las reformas que se habían ido ejecutando desde los últimos 30 años del siglo 18, demostraron su eficiencia. Si a todo ello se añade el flujo de inmigrantes del Santo Domingo francés y de las viejas posesiones españolas que vieron en Puerto Rico un destino, puede uno imaginarse el impacto que aquella presencia tuvo sobre las ideologías de los sectores dominantes criollos. Buena parte de esos inmigrantes terminaron estableciéndose en la costa oeste de Puerto Rico, entre Mayagüez, Aguadilla y Cabo Rojo, región tan activa económica, política, cultural e ideológicamente durante el siglo 19. Las nacientes ideologías puertorriqueñas, tanto las conservadoras como las liberales, tuvieron en aquel fenómeno una fuente notable. De alguna manera la experiencia histórica venezolana había dejado su impresión en el orden político-cultural isleño. Desde 1795, el sistema esclavista comenzó a ser desafiado por los esclavos en el modelo de las revoluciones raciales de afirmación africana de Haití. En 1797, aparecieron unos pasquines clandestinos en la capital. En ellos se hablaba de la independencia y de los "hermanos caraqueños" como aliados en la misma causa. La primera expresión del separatismo criollo también había mostrado sus señas. Las dos causas político-sociales más temidas por España se habían manifestado ya.
Paralelamente se intentaba facilitar el tráfico entre las colonias y la península. La caña de azúcar, volvió a convertirse en la meta de los planificadores españoles. El café, recién introducido en la isla desde 1735, y el tabaco, producto autóctono que tan bien se producía entre los vegueros cubanos, cumplirían la función de productos alternos en aquel juego económico lleno de riesgos. El algodón, el jengibre, el añil, entre otros, seguirían durante mucho tiempo ocupando una posición de privilegio entre los productores de la isla. Si ese propósito se conseguía, las posibilidades de aumentar los ingresos del erario serían mucho mayores. Para agilizar la agricultura en gran escala había que trabajar con el asunto de la tierra. Dos problemas mayores había en este sentido. Por un lado, el hecho de que la mayoría de las tierras en Puerto Rico estuviesen sin titular u otorgadas en usufructo. Segundo, el dominio que los sectores ganaderos, los llamados hateros, tenían sobre amplias extensiones de tierras en la colonia. Demoler los hatos y transformarlos en tierras agrarias, titularlas para poder facturar un impuesto sobre la tierra y controlar mejor la producción, eran soluciones que iban la una de la mano de la otra. El ofrecimiento de títulos a quienes decidieran dedicar sus tierras a cultivos exportables a cambio de un impuesto mínimo se convirtió en un estímulo al nuevo programa económico de finales del siglo 18. Aquella economía agraria nueva contaría con el respaldo del estado el cual, incluso, trataría de facilitar el tráfico de esclavos a la isla. La venta de contratos a compañías monopolísticas se convertiría en la orden del día en aquel período. Hacia 1765 la Compañía Aguirre Aristegui de origen catalán dominó el tráfico de esclavos, como ya se señaló en otra ocasión. Las características de la colonia entre 1765 y 1807 justificaron aquella actitud. Si para 1765 había en la isla 44,883 habitantes de acuerdo con la estadística de Alejandro O'Reill y; hacia 1776, año en el cual comenzaron a hacerse censos anuales sistemáticos, la misma había aumentado a 70,355. Diecinueve años después, en 1795 sumaban 129,758 los habitantes y hacia 1807 la población estaba en los 183,211. Los demógrafos y comentaristas de la época como fray Iñigo Abad y Lasierra, opinaban que todavía habría espacios en el territorio colonial para sostener algo más que 300,000 personas. Aquella población vivía dentro de los parámetros de una cultura rural en acelerada transición hacia una economía agraria comercial. El fenómeno se reflejaba en la vida cotidiana en el cambio forzoso de las formas de uso de la tierra, en la reconcentración de aquel recurso y en la amenaza a la pequeña propiedad; lo cual debió ser una preocupación de aquellos campesinos. Uno de los sectores que más rápido aumentó fue el de los esclavos. La política de agilización del tráfico negrero había funcionado. La clasificación de "indígenas" se disuelve en la más flexible de "pardos". Ahí cabe cualquier elemento no blanco dentro de un orden cultural racista que se convertirá en el código diferenciador en los libros parroquiales desde aquella época. También habría que apuntar el crecimiento de los sectores blancos durante aquel período. El asunto es complicado. Una cultura dominante de raíces blancas se sobrepondrá a una cultura de masas de origen no blanco en donde predominan los elementos afro caribeños. Hacia 1800, la idea de un Puerto Rico diferenciado de España, de lo insular y de lo que significa ser criollo está vigente en la colonia. La reafirmación cultural diferenciadora es innegable. El tiempo de la conciencia política, con todas sus complejidades vendrá después Algunos observadores ilustrados extranjeros como Fernando Miyares (1775), el citado fray Iñigo Abad y Lasierra (1788) y el naturalista francés André Pierre Ledrú (1797) fueron capaces de hablar de un carácter propiamente insular. Distinguieron en la vida cotidiana de los puertorriqueños, unos patrones que los hacían distintos de la "gente de la otra banda" (los peninsulares). Desde las actitudes, hasta la música popular, todo en ellos se distancia del imperio que los forzó a nacer. También se desprende de aquellas observaciones el papel predominante de la cultura no blanca, es decir mulata, en aquel período del desarrollo de la nacionalidad. La cultura académica y la cultura popular caminan por rutas diferentes y el dinamismo de la cultura popular fue mucho más notable. En Puerto Rico, la urbe es un fenómeno de excepción. San Juan y San Germán se distinguen en aquella categoría. Las particularidades de ambos órdenes son muy distintas. A fines del siglo 18 la capital ha desarrollado sus rasgos actuales, con sus estrechas calles adoquinadas incluso y todas las murallas que, en parte, desaparecieron a fines del siglo 19 como consecuencia del aumento desmedido de la población. En la ciudad convive el arte europeo con los primeros atisbos de un arte colonial reflejo de aquel. La arquitectura sirve de pie a aquel perfil del San Juan de Puerto Rico o del San Germán de Auxerre de fines del 18. En un mundo que vive alrededor de la fe católica, el arte religioso es una clave. Mobiliario, imaginería religiosa, orfebrería, buena parte de ello proviene de Europa. Las artes locales se desarrollaron marginalmente. El pintor mulato José Campeche trabaja con técnicas europeas un mundo ideológico puertorriqueño. En ello y en la difusión internacional de su obra radica su importancia. Su labor como retratista, pintor de temas religiosos, históricos e incluso sociales lo convierte en una sorpresa en el tardío siglo 18. Paralelamente, un arte local tradicional crece y se distingue. La talla de santos en palo viene a cumplir una función compleja dentro del orbe del catolicismo popular e incluso del oficial. San Germán fue uno de los grandes centros de aquel proceso como demuestra la colección de tallas del Convento Porta Coeli. En síntesis, hacia el 1800 la idea de Puerto Rico y "lo puertorriqueño" había avanzado. El siglo 19 tan sólo la politizará y la pondrá en manos de los sectores criollos blancos quienes virtualmente la cerrarán a los otros grupos sociales. Las reformas del poder oficial no terminaron con el siglo 18. Por el contrario, se afianzaron en las primeras décadas del siglo 19. La invasión napoleónica de 1808, la guerra de independencia que se inició ese mismo año en la península y la rebeldía de las juntas revolucionarias del imperio en América, forzaron a España a abrir las puertas de la participación política a sus súbditos coloniales. Las Antillas, que respondieron positivamente al llamado hispano fueron, de hecho, los únicos territorios que no consiguieron su independencia definitiva en aquel momento. Su participación en el juego de la diplomacia española garantizó su permanencia dentro del imperio cuyo orden se cuestionaba en aquella ocasión La participación del diputado criollo el militar Ramón Power y Giralt en las cortes constituyentes que culminaron en la redacción de la Constitución de 1812 que creaba una monarquía limitada en España, era una garantía de que la clase criolla de Puerto Rico quería seguir siendo española. Todo ello a pesar del naciente separatismo y abolicionismo que se habían manifestado en los últimos años del siglo 18 en la isla. Aquella administración consiguió la aprobación para Puerto Rico de la llamada Ley Power de 1812. El contenido de aquella pieza legislativa es demostrativo de los sectores a los que se quería beneficiar en aquel momento. La ley separaba definitivamente el puesto de intendente (secretario de hacienda) del de gobernador a fin de hacer más eficiente el cobro de impuestos y su redistribución presupuestaria. Abolía el abasto forzoso de carnes de res a la capital. Fundaba una Sociedad Económica de Amigos del País para estimular el desarrollo de una economía racional y eficiente. Habilitaba los puertos de Mayagüez, Arecibo, Aguadilla, Cabo Rojo y Ponce con aduanas para garantizar el aumento del tráfico comercial legal. Todas estaban dentro del orden que la Ilustración, como visión de mundo, imponía. Ese mismo año Puerto Rico fue declarado provincia española en igualdad de condiciones que las otras de la península. Jurídicamente la isla ya no era una colonia de España, al menos por el momento. El asimilismo político había triunfado y se convertía en la ideología de los sectores liberales de la isla. En 1815 se decretó otra pieza conocida como la Real Cédula de Gracias que vino a sellar de una vez y por todas las relaciones entre España y Puerto Rico. Caído el régimen liberal y demolida la Constitución de 1812 tras el regreso de "El Deseado" Fernando VII, España arrebató las libertades políticas y conservó las económicas que sí podían beneficiarla. El decreto de 1815 abrió la isla al comercio exterior con países aliados por 15 años. Permitió la inmigración de extranjeros católicos, con capital y esclavos a cambio de tierras. También se liberó de impuestos el tráfico de maquinaria. El terreno para el desarrollo de una gran y rica agricultura, cimentada en el azúcar, estaba abierto. El decreto facilitó el tráfico de esclavos a los vecinos y revisó y reordenó el sistema de impuestos. De hecho, se abolió el impuesto sobre el comercio conocido como la alcabala y sus derivados como la alcabala de viento, y los diezmos. En cambio se creó el subsidio que, por sí solo, montaba más alto que todos los demás juntos. Para manejar los asuntos eclesiásticos se ordenó a los ayuntamientos a separar una suma de su presupuesto para fines de culto y clero. Entre 1815 y 1837, se afirmó el absolutismo en España. A pesar de los retornos al orden constitucional de 1821-1822 y de 1837, el autoritarismo monárquico se hizo de un espacio firme en el orden español liquidando las posibilidades de un régimen liberal para las islas. Aquellos fueron también años de maduración de la primera generación de separatistas puertorriqueños de origen criollo y de afirmación de un abolicionismo de raíces afro-puertorriqueñas en este territorio. En 1837, se cerró aquel ciclo de reformas y cambios tras la segunda caída del liberalismo en la península. La promesa de que las islas serían gobernadas por Leyes Especiales en atención a sus diferencias con la península nunca se cumplió, para mal de España en América
En 1808, las tropas napoleónicas invadieron España y las colonias españolas se negaron a reconocer al nuevo rey, José Bonaparte, hermano del emperador francés. Los residentes en Puerto Rico estaban interesados en su mayoría en la conservación del Imperio y se mantenían fieles a la metrópoli, por lo cual fueron recompensados en 1815 con la instauración de la Real Cédula de Gracia, lo que hacia posible el comercio libre con otros países. Puerto Rico y Cuba fueron los lugares de reunión de tropas destinadas a sofocar la rebelión en Tierra Firme, y ambos territorios contribuyeron a abastecer a las tropas realistas y acogieron a los exiliados del continente. La Junta Central Suprema Gubernamental de España y las Indias elevó en 1809 las colonias ultramarinas, mediante decreto, a la categoría de Provincias del Reino, otorgándoles representación en las Cortes que habrían de reunirse en Cádiz. El primer diputado a Cortes elegido en Puerto Rico fue Ramón Power y Giral, oficial de la marina española nacido en la isla. Power obtuvo la creación en Puerto Rico de una Intendencia de Hacienda independiente de la Gobernación. Su primer responsable fue Alejandro Ramírez, que fue designado hacendista peninsular. Su política económica fue la de explotar los recursos que ofreciera la isla, afrontando la desaparición del situado mexicano.
Franceses y Corsos en Puerto Rico En 1815, Fernando VII concedió por decreto la Real Cédula de Gracias, por la cual se permitía la libre admisión de extranjeros y se liberalizaba plenamente el comercio. En las etapas liberales de 1812-14 y 1820-23, Puerto Rico pudo elegir diputados nacionales y provinciales. En esta segunda etapa liberal (1820-23) la isla estuvo representada en Madrid por Demetrio O`Daly. Tras el restablecimiento del absolutismo tomó el poder en Puerto Rico el general Miguel de la Torre, cuyo mandato duró hasta 1837. En esta etapa prosiguió el aumento demográfico, con un total de 358.836 habitantes en 1834. Una de las oleadas mas grandes de inmigrantes provenian de la isla de Córcega en el mar mediterraneo, practicamente la economia de la zona sur entre cañera y cafétalera fué levantada por estos. Desde el pueblo de Guayama hasta el de Yauco la zona estaba abundantemente poblada por ellos, particularmente el pueblo de Yauco. [ver] Tres años después volvió a instaurarse en España la monarquía constitucional, y las Cortes del Reino decidieron que las provincias de Ultramar no participarían del régimen constitucional peninsular. Así, Puerto Rico no fue considerada como provincia de pleno derecho, sino como una colonia bajo el poder de un gobernador militar. En la isla se fueron perfilando tres corriente principales de opinión: los conservadores, que apoyaban al gobierno colonial para salvaguardar sus intereses esclavistas; la de los liberales, que querían asimilar la isla al resto del Estado español, y la de los independentistas, cuya conciencia fue en incremento por el problema de la esclavitud tras la abolición en EE.UU., en 1865 (la esclavitud continuaba siendo legal únicamente en Brasil, Cuba y Puerto Rico)
Los intentos de reforma políticaLa Revolución española de 1868, La Gloriosa, halló eco en Puerto Rico: el 23 de septiembre de ese mismo año, el improvisado presidente, Francisco Ramírez, con un ejército de 380 hombres, estableció en el pueblo de Lares un gobierno provisional. Al levantamiento se le conoce como el Grito de Lares, que instauró una república en la isla. No obstante, la intentona fue sofocada en muy pocos días por las milicias de San Sebastián. En España, la Revolución de 1868 destronó a Isabel II y dio origen a un largo período progresista en la metrópoli, primero con Amadeo de Saboya y luego con la Primera República Española. Paralelamente, en la colonia se fundaron en 1870 y 1871 los partidos políticos Reformista y Conservador, y dos años más tarde la I República Española estableció en Puerto Rico la primera Diputación Provincial, aboliéndose definitivamente la esclavitud. Con la restauración de la monarquía borbónica se devolvería a la isla su estatuto colonial, permaneciendo vigente sólo la abolición de la esclavitud. Los conservadores se agruparon en el Partido Incondicional Español, y el movimiento liberal quedó reestructurado en 1887 como partido autonomista y defensor de la descentralización administrativa en todas las cuestiones locales. Luis Muñoz Rivera, consiguió en 1896 que en Madrid se recibiera a una comisión de autonomistas, que arrancaron de don Práxedes Mateo Sagasta un compromiso de acometer la descentralización que se plasmaría el 25 de noviembre de 1897. En febrero instauró un gobierno autónomo provisional.
El secretario de Gobernación y Gracia y Justicia es D. Luis Muñoz Rivera, el infatigable director de La Democracia. Es muy elogiado el talento práctico con que ha conseguido enlazar los destinos del partido liberal en Puerto Rico a los del presidido por el señor Sagasta, y el esfuerzo y la constancia con que ha logrado llevar al censo restringido 80,000 electores liberales sin temor a los peligros que entonces tenía su atrevida campaña en los periódicos autonomistas. Contribuyó con su peculio a la fundación del periódico El País, y en él ha tomado muy activa parte como escritor. D. Cayetano Coll y Toste, subsecretario de Agricultura, Industria y Comercio, es hijo de Arecibo, y desde estudiante luchó en Barcelona y en su país por la causa liberal. Médico distinguido de gran práctica, es además poeta laureado y director propietario del Repertorio Histórico de Puerto Rico. El Sr. Coll contribuyó poderosamente a la terminación de un hermoso hospital en Arecibo, y hoy tiene la idea generosa de fundar en Puerto Rico una sociedad benéfica protectora para asegurar el alimento de los enfermos pobres, y una cocina económica. En su paso por el gobierno regional de San Juan ha demostrado el Sr. Coll sus brillantes aptitudes de mando. El secretario de Hacienda es el literato D. Manuel Fernández Juncos, director de El Buscapié, asturiano de nacimiento, portorriqueño de corazón, infatigable polemista y defensor entusiasta de la causa liberal en Puerto Rico. Identificado con D. Rafael María Labra en política, y autonomista de siempre, tiene gran reputación como economista. Secretario de Obras públicas y Comunicaciones es el jurisconsulto D. Juan Hernández López, que a su fama como letrado une la de orador elocuentísimo. Prestó importantes servicios a la causa autonomista, y estuvo separado de la política activa mientras juzgó que su partido trabajaba estérilmente, volviendo a la lucha con nuevos bríos cuando la juzgó posible y eficaz. Es presidente del Ateneo y de la Institución Superior libre de Enseñanza. El decano del Colegio de Abogados, D. José Severo Quiñones, es secretario de Agricultura, y sus méritos como hombre de ciencia y orador muy brillante los avalora la viril energía de su carácter, del que, en difíciles circunstancias, ha dado pruebas evidentes. El abogado D. Manuel F. Rossy desempeña la cartera de Instrucción Pública. Desde los comienzos de su carrera se consagró a la política liberal, y en las épocas más difíciles para su causa demostró gran entusiasmo, Cortes de 1872 y en las Constituyentes del año 1878.
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Evolución historica
A partir de 1765, la isla atraviesa por
toda una serie de transformaciones que a la larga redundarán en la
conformación de la imagen actual del Puerto Rico del siglo 19. En el campo
socioeconómico el propósito más notable del imperio fue tratar de redirigir
la economía de la colonia hacia el mercado exterior, estimulando la
producción de bienes agrarios apetecibles en el extranjero. Esa era,
teóricamente, una manera de poner coto al gran dilema de la economía
subterránea entiéndase, el contrabando- y de restarle espacios a la
ineficiente agricultura de subsistencia. 
