LAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS

El éxito de la Revolución dio a los estadounidenses oportunidad de dar forma legal a sus ideales tal como estaban expresados en la Declaración de Independencia y remediar algunos de sus agravios mediante las constituciones de los estados. En fecha tan temprana como el 10 de mayo de 1776, el Congreso ya había aprobado una resolución en la cual se aconsejaba a las colonias la creación de nuevos gobiernos "en la forma más idónea para procurar la felicidad y la seguridad de sus pobladores".

Las nuevas constituciones acusaron la influencia de las ideas democráticas. En ninguna se rompió drásticamente con el pasado, pues todas se construyeron sobre la sólida base de la experiencia colonial y la práctica inglesa. Pero cada una estaba imbuida del espíritu de republicanismo, un ideal que por largo tiempo habían alabado los filósofos de la Ilustración.

Naturalmente, el primer objetivo de los autores de las constituciones estatales fue garantizar esos "derechos inalienables" cuya violación hizo que las ex colonias rechazaran sus nexos con Gran Bretaña. Por eso todas las constituciones empezaban con una declaración o carta de derechos. En la de Virginia, que fue el modelo de todas las demás, se incluyó una declaración de principios entre los que figuraban la soberanía popular, la rotación de funcionarios en los cargos públicos, la libertad de las elecciones y una lista de libertades fundamentales: fianzas moderadas y castigos no inhumanos, juicio expedito por jurado, libertad de prensa y de conciencia, y el derecho de la mayoría a reformar o cambiar al gobierno.

Otros estados alargaron la lista de garantías con la libertad de expresión, de reunión y de petición. Sus constituciones incluyeron a menudo otras disposiciones, como el derecho de portar armas, el recurso de hábeas corpus, la inviolabilidad del domicilio y la igualdad bajo la protección de la ley. Además, en todas se prescribió una estructura de gobierno con tres ramas — ejecutiva, legislativa y judicial — que actuarían entre sí como frenos y contrapesos.

La constitución de Pennsylvania fue la más radical. En ese estado el control estaba en manos de artesanos de Filadelfia, hombres de la frontera escocés-irlandeses y granjeros de habla alemana. El congreso de la provincia adoptó una constitución en la que a todos los contribuyentes hombres y a sus hijos varones se les permitía votar; se exigía la rotación de funcionarios en sus puestos (nadie podía ser representante por más de cuatro años en un periodo de siete) y se instituía una legislatura de una sola cámara.

Las constituciones estatales tenían limitaciones patentes, sobre todo bajo criterios más recientes. Las que fueron creadas para garantizar los derechos naturales de la población no aseguraban a todos el más esencial de esos derechos: la igualdad. En las colonias al sur de Pennsylvania se privó a la población esclava de sus derechos inalienables como seres humanos. Las mujeres no tenían derechos políticos. Ningún estado llegó tan lejos como para conceder el sufragio universal a los varones y aún en los que todos los contribuyentes podían votar (Delaware, Carolina del Norte y Georgia, además de Pennsylvania) era preciso tener cierta cantidad de propiedades para ocupar un cargo público.

LOS ARTÍCULOS DE LA CONFEDERACIÓN

La lucha contra Inglaterra influyó mucho para cambiar las actitudes coloniales. Las asambleas locales rechazaron el Plan de Unión de Albany en 1754 porque no quisieron ceder ni un ápice de su autonomía a ningún otro organismo, aunque éste fuera elegido por ellos mismos. Sin embargo la ayuda mutua demostró su eficacia en el curso de la Revolución y el temor de ceder la autoridad individual se mitigó en buena medida.

John Dickinson elaboró los "Artículos de la Confederación y la Unión Perpetua" en 1776; fueron adoptados por el Congreso Continental en noviembre de 1777 y entraron en vigor en 1781, una vez ratificados por todos los estados. Como reflejo de la fragilidad de un incipiente sentido de nación, los Artículos sólo disponían una unión muy informal. El gobierno nacional carecía de autoridad para imponer aranceles, regular el comercio y recaudar impuestos. Su control sobre las relaciones internacionales era precario: muchos estados ya habían emprendido negociaciones por su cuenta con países extranjeros; nueve estados tenían su propio ejército y varios contaban con su respectiva armada. A falta de una moneda común firme, la nueva nación usaba en su comercio una curiosa mezcla de monedas y una sorprendente variedad de billetes nacionales y de los estados, todos los cuales se depreciaban con rapidez.

Las dificultades económicas surgidas después de la guerra hicieron que la gente pidiera un cambio. El final de la contienda afectó severamente a los comerciantes que proveían a los ejércitos de ambos bandos y perdieron las ventajas que les redituaba su participación en el sistema mercantil británico. Los estados daban preferencia a los productos estadounidenses en sus políticas arancelarias, pero los aranceles no eran congruentes, lo cual dio lugar a la demanda de un gobierno central más fuerte que aplicara una política uniforme.

Los agricultores fueron quizá los que tuvieron más dificultades económicas después de la Revolución. La oferta de productos del agro superó a la demanda, y el descontento se produjo sobre todo entre los granjeros endeudados que querían un remedio drástico para evitar la venta de sus propiedades por juicio hipotecario e ir a la cárcel por deudas. Las cortes estaban atestadas de demandas interpuestas por acreedores que exigían los pagos. Todo el verano de 1786, convenciones populares y asambleas informales de varios estados pidieron la reforma de la administración pública de su entidad.

En ese otoño, turbas de granjeros de Massachusetts encabezados por el ex capitán del ejército Daniel Shays impidieron por la fuerza que las cortes del condado se reunieran y dictaran más juicios por deudas antes de la siguiente elección estatal. En enero de 1787 un ejército improvisado de 1.200 granjeros avanzó hacia el arsenal federal de Springfield. Los rebeldes, armados sobre todo con palos y rastrillos, fueron rechazados por una pequeña milicia estatal; el general Benjamin Lincoln llegó de Boston con refuerzos y puso en fuga al resto de los hombres de Shays, quien huyó a Vermont. El gobierno capturó a 14 rebeldes y los sentenció a muerte, pero al final perdonó algunos y a otros les conmutó la pena por un breve periodo de prisión. Al ser sofocada la rebelión, una legislatura recién elegida, cuya mayoría simpatizaba con los rebeldes, atendió algunas demandas de éstos para el alivio de la deuda.

EL PROBLEMA DE LA EXPANSIÓN

Con el final de la Revolución, Estados Unidos se tuvo que volver a enfrentar al viejo predicamento no resuelto del oeste: el problema de la expansión, con sus complicaciones en materia de tierras, comercio de pieles, indígenas, asentamientos y gobiernos locales. Atraídos por las tierras más ricas halladas hasta entonces en el país, los pioneros se lanzaron hacia los montes Apalaches y más allá. En 1775 ya había decenas de miles de pobladores en los más remotos bastiones, dispersos a lo largo de las vías fluviales. Separados por cadenas montañosas y a cientos de kilómetros de los centros de la autoridad política, que estaban en el este, los habitantes formaron sus propios gobiernos. La afluencia de colonizadores de todos los estados costeros siguió su marcha hacia los fértiles valles fluviales, los bosques de maderas duras y las ondulantes praderas del interior. En 1790, la población de la región más allá de los Apalaches rebasaba ampliamente los 120.000 habitantes.

Antes de la guerra, varias colonias habían presentado reclamaciones, amplias y a menudo redundantes sobre las tierras localizadas más allá de los Apalaches. A quienes carecían de derechos para reclamarlas les parecía que aquel rico territorio no estaba distribuido equitativamente. En nombre de este último grupo, Maryland presentó una resolución por la cual las tierras del oeste debían considerarse propiedad común para que el Congreso las dividiera en gobiernos libres e independientes. La idea no fue recibida con entusiasmo. Sin embargo, Nueva York marcó la pauta en 1780 al ceder las tierras que reclamaba. Virginia, que hacía las reclamaciones más vastas, renunció en 1784 a todas las tierras al norte del río Ohio. También otros estados cedieron los derechos que reclamaban y pronto fue evidente que el Congreso tomaría posesión de todas las tierras al norte del río Ohio y al oeste de las montañas Allegheny. La propiedad común de millones de hectáreas fue la prueba más tangible de nacionalidad y unidad hasta esa fecha y dio cierta solidez a la idea de soberanía nacional. Al mismo tiempo, los vastos territorios eran un problema que requería solución.

El Congreso de la Confederación estableció un sistema de autogobierno limitado para el nuevo territorio nacional del noroeste. La Ordenanza del Noroeste de 1787 dispuso su organización; al principio sería un solo distrito bajo el mando de un gobernador y jueces designados por el Congreso. Cuando ese territorio tuviera 5.000 habitantes varones libres en edad de votar, se le daría derecho a poseer una legislatura con dos cámaras y él mismo elegiría la cámara baja. Además, tendría facultades para enviar al Congreso un delegado sin derecho de voto. En ese territorio se formarían entre tres y cinco estados, y en cuanto cualquiera de ellos tuviera 60.000 habitantes libres sería admitido en la Unión "en plan de igualdad con los estados originales en todos los aspectos". La ordenanza garantizaba los derechos y libertades civiles, fomentaba la educación y prohibía la esclavitud y otras formas de servidumbre involuntaria.

La nueva política rechazaba el concepto consagrado por el tiempo según el cual las colonias existían para beneficio de la madre patria, eran sus subordinadas políticas y sus pobladores eran socialmente inferiores. En su lugar, estableció el principio de que las colonias ("territorios") eran una extensión de la nación y tenían derecho a todos los beneficios de la igualdad, mas no en plan de prerrogativa sino como un derecho.

LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Para cuando la Ordenanza del Noroeste fue promulgada, los líderes norteamericanos estaban redactando una constitución nueva y más firme para sustituir los Artículos de Confederación. El funcionario que los presidía, George Washington, escribió con acierto que los estados sólo estaban unidos por "una cuerda de arena". Las disputas de Maryland y Virginia por la navegación en el río Potomac desembocaron en una conferencia de representantes de cinco estados en Annapolis, Maryland, en 1786. Uno de los delegados, Alexander Hamilton de Nueva York, convenció a sus colegas de que el comercio estaba estrechamente ligado con los grandes asuntos políticos y económicos. Lo que se necesitaba era un replanteamiento fundamental de la Confederación.

La conferencia de Annapolis exhortó a todos los estados a nombrar representantes para una reunión que tendría lugar en Filadelfia en la primavera siguiente. El Congreso Continental se indignó al principio por la audacia de esa medida, pero accedió cuando Washington dio su apoyo al proyecto y fue elegido delegado.

Una extraordinaria reunión de notables tuvo lugar en la Convención Federal en mayo de 1787. Las legislaturas de los estados enviaron líderes con experiencia en asuntos de gobierno colonial y estatal, en el Congreso, la judicatura y el ejército. Para presidir las sesiones eligieron a George Washington, a quien se consideraba como el ciudadano más notable del país por su integridad y su liderazgo militar en la Revolución.

Entre los miembros más activos destacaban dos ciudadanos de Pennsylvania: el gobernador Morris, que percibió con claridad la necesidad de tener un gobierno nacional, y James Wilson, que trabajó sin descanso a favor de la idea de nación. También fue elegido por Pennsylvania Benjamin Franklin, quien vivía el final de una extraordinaria carrera de servicio público y logros científicos. De Virginia llegó James Madison, un estadista joven y práctico, muy estudioso de la política y la historia que, según un colega, estaba "dotado de un espíritu de laboriosidad y aplicación... [y era] el hombre más informado sobre cualquier tema de debate". Él sería reconocido como el "Padre de la Constitución".

Massachusetts envió a Rufus King y Elbridge Gerry, jóvenes hábiles y con experiencia. El zapatero convertido en juez Roger Sherman fue uno de los representantes de Connecticut. De Nueva York llegó Alexander Hamilton, quien propuso la reunión. Thomas Jefferson, que estaba en Francia como ministro representante de Estados Unidos, y John Adams, quien desempeñaba las mismas funciones en Gran Bretaña, no asistieron a la Convención. Entre los 55 delegados predominaban los jóvenes (la edad promedio era 42 años).

El Congreso sólo autorizó a la Convención para hacer enmiendas a los Artículos de la Confederación, pero los delegados hicieron caso omiso de los Artículos y decidieron crear una forma de gobierno enteramente nueva, "con viril confianza en su país", como más tarde escribió Madison.

Ellos reconocieron que lo más urgente era reconciliar dos poderes distintos: el del control local que ya ejercían los 13 estados casi independientes y el de un gobierno central. Adoptaron el principio por el cual las funciones y poderes del gobierno nacional — que era nuevo, general e incluyente — debían ser definidos y expresados con cuidado, quedando entendido que todas las demás funciones y poderes pertenecían a los estados. Sin embargo, comprendiendo que el gobierno central debía tener poder real, los delegados aceptaron también, en general, que debía estar autorizado para acuñar moneda, regular el comercio, declarar la guerra y concertar la paz, entre otras cosas.

DEBATE Y COMPROMISO

Los estadistas que se reunieron en Filadelfia en el siglo XVIII eran partidarios del concepto de Montesquieu sobre el equilibrio de poderes en política. Ese principio se basaba en la experiencia colonial y hallaba sustento en los textos de John Locke, un autor muy conocido por casi todos los delegados. Esas influencias dieron lugar a la convicción de que era preciso establecer tres ramas de gobierno, iguales y coordinadas entre sí. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial debían estar armónicamente equilibrados para que ninguno ganara nunca el control total. Los delegados convinieron en que la rama legislativa debía tener dos cámaras, como las legislaturas coloniales y el Parlamento británico.

La asamblea fue unánime en esos temas, pero también hubo grandes diferencias. Los representantes de estados pequeños — Nueva Jersey, por ejemplo — se opusieron a los cambios que habrían reducido su influencia en el gobierno nacional al basar la representación en la población y no en la condición de estados prevista en los Artículos de la Confederación.

Por otra parte, los representantes de estados grandes — como Virginia — abogaban por la representación proporcional. Cuando parecía que el debate no tendría fin, Roger Sherman propuso argumentos a favor de la representación proporcional a la población de cada estado en una de las cámaras del Congreso, la de Representantes, y la representación igualitaria en la otra, el Senado.

Casi todos los asuntos que se presentaron después suscitaron nuevas discrepancias que sólo fue posible resolver con nuevos compromisos. Los norteños querían que se incluyera a los esclavos en el cálculo de la carga tributaria de cada estado, mas no en la determinación del número de escaños que cada uno tendría en la Cámara de Representantes. Sin mucha oposición se llegó al compromiso de asignar la carga tributaria y los escaños en la Cámara de Representantes sobre la base del número de habitantes libres de cada estado más tres quintas partes de los esclavos.

Certain members, such as Sherman and Elbridge Gerry, still smarting from Shays's Rebellion, feared that the mass of people lacked sufficient wisdom to govern themselves and thus wished no branch of the federal government to be elected directly by the people. Others thought the national government should be given as broad a popular base as possible. Some delegates wished to exclude the growing West from the opportunity of statehood; others championed the equality principle established in the Northwest Ordinance of 1787.

No hubo diferencias serias en asuntos económicos nacionales como el papel moneda, las leyes sobre obligaciones contractuales o la situación de la mujer, la cual estaba excluida de la política. Pero era necesario equilibrar los intereses económicos de diversos sectores; dirimir las discusiones en torno a las facultades, la selección y el periodo del jefe del ejecutivo en el cargo; y resolver problemas sobre el nombramiento de jueces y el tipo de tribunales que convenía instituir.

Después de trabajar todo un cálido verano en Filadelfia, la Convención elaboró por fin un breve documento que mostraba la organización del gobierno más complejo ideado hasta entonces: un gobierno supremo dentro de una esfera de acción definida y limitada con claridad. Tendría plenos poderes para imponer tributos, obtener fondos en préstamo, instituir derechos e impuestos al consumo uniformes, acuñar moneda, reglamentar el comercio interestatal, definir las pesas y medidas, otorgar patentes y derechos de autor, establecer oficinas de correos y construir caminos. También tenía facultades para formar y sostener un ejército y una marina de guerra y administrar los asuntos de los norteamericanos nativos, la política exterior y la guerra. También podía aprobar leyes para la naturalización de extranjeros y el control de tierras públicas, y podía admitir nuevos estados en plan de absoluta igualdad con los ya existentes. Con facultades para aprobar todas las leyes necesarias y apropiadas para el ejercicio de esos poderes definidos con claridad, el gobierno federal fue capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras y de un sistema político mucho mayor.

El principio de la separación de poderes ya se había puesto a prueba en la mayoría de las constituciones de los estados y su solidez estaba demostrada. Por eso la Convención estableció un sistema de gobierno formado por las ramas legislativa, ejecutiva y judicial separadas entre sí y cada una sometida al freno de las otras dos. Así, los proyectos del Congreso no se proclamarían como leyes mientras no fueran aprobados por el Presidente. Y este último tendría que someter al Senado sus designaciones más importantes y todos sus tratados, pidiendo su confirmación. A su vez, el Presidente podía ser sometido a juicio político y destituido por el Congreso. A la judicatura le correspondía ventilar todos los casos promovidos bajo las leyes federales y la Constitución; en efecto, los tribunales fueron facultados para interpretar tanto la ley fundamental como el derecho parlamentario, pero los miembros de la rama judicial, designados por el Presidente y ratificados por el Senado, también podían ser sometidos a juicio político por el Congreso.

Para proteger a la Constitución de alteraciones apresuradas, el Artículo V estipuló que las enmiendas a la misma debían ser propuestas por dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso o por dos tercios de los estados, reunidos en convención. Las propuestas debían ser ratificadas por uno de dos métodos: ya sea por las legislaturas de tres cuartas partes de los estados o por convención en tres cuartas partes de los mismos, siendo el Congreso quien propondría el método que debía usarse.

Por último, la convención se enfrentó al problema más importante de todos: ¿cómo se ejercerían los poderes otorgados al nuevo gobierno? La decisión fue que el gobierno no debía ejercer su poder sobre los estados, sino sobre los habitantes de éstos, y que debía legislar para todos los individuos residentes del país y sobre todos ellos. Como piedra angular de la Constitución, la convención adoptó dos postulados breves, pero muy significativos:

El Congreso tendrá facultades... para dictar todas las leyes que sean necesarias y apropiadas para el debido ejercicio de las... facultades que por esta Constitución se confieren al gobierno de Estados Unidos... (Artículo I, Sección 7)
   Esta Constitución y las leyes de Estados Unidos que en cumplimiento de la misma sean creadas, y todos los tratados previamente celebrados o que se celebren bajo la autoridad de Estados Unidos, serán la ley suprema de la nación y los jueces de estado estarán obligados a acatarla, aún cuando hubiere alguna disposición en contrario en la Constitución o en las leyes de cualquier estado. (Artículo VI)

Aún hoy prosigue el debate sobre cuáles fueron los motivos de los autores de la Constitución. El historiador Charles Beard afirmó en 1913, en An Economic Interpretation of the Constitution (Una interpretación económica de la Constitución), que los padres fundadores defendían a los nacientes intereses capitalistas y comerciales que requerían un gobierno nacional fuerte. Pensó también que muchos pudieron ser motivados por el hecho de que poseían muchos bonos depreciados del gobierno. Sin embargo, el principal autor de la Constitución, James Madison, no tenía dichos bonos y era un hacendado de Virginia. A la inversa, algunos opositores de la Constitución tenían grandes cantidades de bonos y títulos. Los intereses económicos influyeron en el curso del debate, pero lo mismo ocurrió con los intereses estatales, sectoriales e ideológicos. Otro factor de igual importancia fue el idealismo de los autores. Por ser ellos mismos producto de la Ilustración, los padres fundadores idearon un gobierno que, a su juicio, alentaría la libertad individual y la virtud pública. Los ideales plasmados en la Constitución de Estados Unidos son un rasgo esencial de la identidad nacional del país.

LA RATIFICACIÓN Y LA CARTA DE DERECHOS

El 17 de septiembre de 1787, tras 16 semanas de deliberaciones, la Constitución fue firmada en su forma final por 39 de los 42 delegados presentes. Franklin, señalando el brillante medio sol pintado en el respaldo de la silla de Washington, dijo:

En el curso de la sesión he mirado varias veces... el respaldo [de esa silla] detrás del Presidente y no sabía si el sol ahí representado sale o se pone; pero ahora, en términos generales, me alegra saber que es un nuevo amanecer y no un sol poniente.

La convención había decidido que la Constitución tendría vigencia cuando fuera ratificada por convenciones en nueve de los 13 estados. En junio de 1788, los nueve estados requeridos ya habían ratificado la Constitución, pero los grandes estados de Virginia y Nueva York aún no lo hacían. La mayoría de la gente sintió que, sin el apoyo de esos dos estados, la Constitución jamás sería respetada. Muchos pensaban que el documento estaba lleno de peligros: ¿acaso el gobierno central fuerte, establecido de acuerdo con esas disposiciones, no sería tiránico, no los oprimiría con impuestos onerosos y no los forzaría a hacer la guerra?

Las distintas opiniones en torno a estos puntos dieron lugar a dos partidos: los federalistas, que estaban a favor de un gobierno central fuerte, y los Antifederalistas, que preferían una asociación informal de estados separados.

En Virginia, los antifederalistas atacaron al nuevo gobierno propuesto e impugnaron la frase inicial de la Constitución: "Nosotros, el Pueblo de Estados Unidos". Los delegados arguyeron que si en la Constitución no se citaba el nombre de cada uno de los estados, éstos no podrían conservar sus derechos o facultades particulares. Los antifederalistas de Virginia estaban encabezados por Patrick Henry, quien llegó a ser el principal vocero de los granjeros del campo que temían al poder del nuevo gobierno central. Los delegados indecisos fueron convencidos por la propuesta de que la convención de Virginia recomendara una carta de derechos y los antifederalistas se unieron a los federalistas para ratificar la Constitución el 25 de junio.

En Nueva York, Alexander Hamilton, John Jay y James Madison pugnaron por la ratificación de la Constitución en una serie de ensayos conocidos como The Federalist Papers (Los documentos federalistas). Los ensayos, publicados en periódicos de Nueva York, plantearon un argumento hoy clásico a favor del gobierno federal central cuyas ramas ejecutiva, legislativa y judicial son entidades separadas que actúan como frenos y contrapesos unas de otras. Con la influencia de The Federalist Papers sobre los delegados de Nueva York, la Constitución fue ratificada el 26 de julio.

La antipatía por el gobierno central fuerte era sólo una de las inquietudes de quienes objetaban la Constitución; otra causa de igual preocupación para muchos era el temor de que ésta no protegiera suficientemente los derechos y libertades individuales. El virginiano George Mason, autor de la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, fue uno de los tres delegados de la Convención Constitucional que se negaron a firmar el documento final porque en él no se especificaban las garantías individuales. Junto con Patrick Henry, él realizó una vigorosa campaña para que la Constitución no fuera ratificada por Virginia. De hecho, cinco estados, entre ellos Massachusetts, ratificaron la Constitución a condición de que se añadieran de inmediato enmiendas al respecto.

Cuando el primer Congreso se reunió en la ciudad de Nueva York en septiembre de 1789, la exhortación a hacer enmiendas para proteger los derechos individuales fue prácticamente unánime. El Congreso adoptó en seguida 12 de esas enmiendas; en diciembre de 1791, el número necesario de estados ratificó 10 enmiendas para que fueran incorporadas a la Constitución. En conjunto son conocidas como la Carta de Derechos. Entre sus disposiciones figuran: la libertad de expresión, prensa y religión, y el derecho de reunirse en forma pacífica, protestar y exigir cambios (Primera Enmienda); la protección contra registros no razonables, incautación de propiedades y arresto (Cuarta Enmienda); el debido proceso judicial en todos los casos penales (Quinta Enmienda); el derecho a un juicio imparcial y expedito (Sexta Enmienda); la protección contra castigos crueles e inusuales (Octava Enmienda); y la disposición de que el pueblo conserva los demás derechos no mencionados en la Constitución (Novena Enmienda).

Desde la adopción de la Carta de Derechos, sólo se han agregado 17 enmiendas más a la Constitución. Aunque en algunas de las enmiendas ulteriores la estructura y las operaciones del gobierno fueron revisadas, en casi todas se respetó el precedente establecido en la Carta de Derechos y se ampliaron las garantías y libertades individuales.

EL PRESIDENTE WASHINGTON

Uno de los últimos actos del Congreso de la Confederación consistió en organizar la primera elección presidencial y señalar el 4 de marzo de 1789 como la fecha en que el nuevo gobierno entraría en funciones. Todos tenían un solo nombre en los labios como nuevo jefe de estado: George Washington. Él fue electo presidente por unanimidad y prestó juramento para asumir el cargo el 30 de abril de 1789. En palabras que habrían de ser repetidas por todos los presidentes desde entonces, Washington se comprometió a ejercer con fidelidad los deberes de la presidencia y esforzarse hasta el límite de su capacidad por "preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos".

Cuando Washington asumió el poder, la nueva Constitución no tenía tradición ni el pleno respaldo de la opinión pública organizada. El nuevo gobierno tuvo que crear sus propios mecanismos y legislar un sistema de tributación que lo financiara. Mientras no se instituyera una judicatura, no sería posible hacer cumplir las leyes. El ejército era pequeño y la armada había dejado de existir.

El Congreso creó muy pronto los departamentos de Estado y del Tesoro, con Thomas Jefferson y Alexander Hamilton como sus respectivos secretarios. Se instituyeron también el Departamento de Guerra y el de Justicia. Como Washington prefería tomar decisiones después consultar a los hombres cuyo buen juicio apreciaba, se formó también el Gabinete presidencial del país, integrado por los jefes de todos los departamentos que el Congreso decidiera crear. Al mismo tiempo el Congreso creó la judicatura federal, una Corte Suprema con un presidente y cinco jueces asociados, tres tribunales de circuito y 13 juzgados de distrito.

Mientras tanto, el país crecía sin cesar y la inmigración procedente de Europa se intensificaba. Aunque muchos productos se fabricaban todavía en el hogar, la Revolución Industrial se iniciaba en Estados Unidos. Massachusetts y Rhode Island sentaban los cimientos de importantes industrias textiles; Connecticut empezaba a producir relojes y artículos de hojalata; Nueva York, Nueva Jersey y Pennsylvania fabricaban papel, vidrio y hierro. El transporte marítimo había crecido a tal grado, que el país ya sólo era superado en los mares por Gran Bretaña. Aún antes de 1790, los buques estadounidenses iban a China para vender pieles y a su regreso traían té, especias y seda.

En esa coyuntura crítica en el desarrollo del país, el prudente liderazgo de Washington fue crucial. Él organizó un gobierno nacional, ideó políticas para crear asentamientos en los territorios que antes eran de Gran Bretaña y España, estabilizó la frontera del noroeste y supervisó la admisión de tres nuevos estados: Vermont (1791), Kentucky (1792) y Tennessee (1796). Por último, en su discurso de despedida, aconsejó a la nación "abstenerse de establecer alianzas permanentes con cualquier región del mundo exterior". Esa admonición influyó en las actitudes de su país ante el resto del mundo por muchas generaciones.

HAMILTON VS. JEFFERSON

Un conflicto cobró forma en la década de 1790 entre los primeros partidos políticos de Estados Unidos. De hecho, los federalistas, encabezados por Alexander Hamilton, y los republicanos (también llamados demócrata-republicanos), comandados por Thomas Jefferson, fueron los primeros partidos políticos del mundo occidental. A diferencia de las agrupaciones políticas informales de la Cámara de los Comunes británica o de las colonias de Norteamérica antes de la Revolución, ambos tenían plataformas ideológicas razonablemente congruentes basadas en principios, grupos de partidarios populares relativamente fieles y organizaciones estables.

En términos generales, los federalistas representaban los intereses del comercio y la industria, a los cuales consideraban como las fuerzas del progreso en el mundo. A su juicio, éstos sólo podrían ser fomentados por un gobierno central fuerte, capaz de instituir un crédito público sólido y una moneda estable. A pesar de su patente desconfianza por el radicalismo latente de las masas, lograron atraer en forma creíble a obreros y artesanos. Su baluarte político eran los estados de Nueva Inglaterra. En virtud de que en muchos aspectos veían a Inglaterra como un ejemplo que Estados Unidos debía tratar de emular, eran partidarios de mantener buenas relaciones con su madre patria.

Si bien Alexander Hamilton nunca llegó a tener el atractivo popular necesario para contender con éxito por un cargo de elección, fue por amplio margen el principal generador de ideología y política pública de los federalistas. Él incorporó a la vida pública el amor a la eficiencia, el orden y la organización. En respuesta a la Cámara de Representantes que requería un plan para dar "el apoyo adecuado al crédito público", estableció y suscribió principios no sólo de economía pública, sino también del gobierno eficaz. Hamilton dijo que Estados Unidos debía tener crédito para desarrollo industrial, actividad comercial y operaciones de gobierno, y que sus obligaciones requerían toda la fe y el apoyo del pueblo.

Muchos querían desconocer la deuda nacional de la Confederación o que se pagara sólo en parte. Hamilton insistió en que el pago debía ser completo y en la elaboración de un plan para que el gobierno federal asumiera las deudas pendientes contraídas por los estados en la Revolución. Obtuvo también la legislación necesaria del Congreso para crear un Banco de Estados Unidos; éste fue desarrollado según el modelo del Banco de Inglaterra y funcionó como la institución financiera central de la nación. Hamilton auspició una casa nacional de moneda y abogó por los aranceles, diciendo que la protección temporal de nuevas empresas podría ayudar a fomentar el desarrollo de industrias nacionales competitivas. Esas medidas — que dieron base firme al crédito del gobierno federal y le aportaron todas las rentas que necesitaba — alentaron el comercio y la industria y crearon una sólida falange de intereses que apoyaron firmemente al gobierno nacional.

Los republicanos, encabezados por Thomas Jefferson, hablaban sobre todo en nombre de los intereses y valores del agro. Desconfiaban de los banqueros, se interesaban poco en el comercio y la industria y creían que la libertad y la democracia florecerían mejor en una sociedad rural integrada por granjeros autosuficientes. No sentían que fuera necesario tener un gobierno central fuerte; de hecho, tendían a considerar a éste como una fuente potencial de opresión. Por eso estaban a favor de los derechos de los estados. Tuvieron mayor fuerza en el sur.

El gran objetivo de Hamilton era crear una organización más eficiente, mientras que Jefferson dijo una vez: "No soy afecto al gobierno demasiado dinámico". Hamilton temía la anarquía y lo expresó en términos de orden; Jefferson temía la tiranía y lo expresó en términos de libertad. Así como Hamilton veía a Inglaterra como ejemplo, Jefferson, que fue ministro en Francia en las primeras etapas de la Revolución Francesa, vio el derrocamiento de la monarquía en ese país como una reivindicación de los ideales liberales de la Ilustración. Contra el conservadurismo instintivo de Hamilton, él proyectó un radicalismo democrático elocuente.

Una de las primeras polémicas entre ambos, poco después que Jefferson asumió el cargo de secretario de Estado, dio lugar a una nueva y muy importante interpretación de la Constitución. Cuando Hamilton presentó su proyecto para fundar un banco nacional, Jefferson habló en nombre de quienes creían en los derechos de los estados y dijo que la Constitución definió expresamente todos los poderes que corresponden al gobierno federal y todos los demás poderes los reservó para los estados. En ningún lugar se autorizaba al gobierno federal para crear un banco.

Hamilton replicó que, eran tantos los detalles requeridos, que se emplearon cláusulas generales para implicar un amplio conjunto de poderes y una de ellas autorizó al Congreso a "dictar todas las leyes que juzgue necesarias y apropiadas" para el desempeño de otras facultades que le sean conferidas específicamente. La Constitución autorizó al gobierno nacional para establecer y recaudar impuestos, pagar deudas y obtener dinero en préstamo. Un banco nacional sería en verdad útil para desempeñar con eficiencia esas funciones. Por lo tanto, de acuerdo con sus poderes implícitos, el Congreso tenía facultades para crear un banco de ese tipo. Washington y el Congreso aceptaron la opinión de Hamilton y así se sentó un importante precedente para la interpretación expansiva de la autoridad del gobierno federal.

EL CIUDADANO GENET Y LA POLÍTICA EXTERIOR

Aunque una de las primeras tareas del nuevo gobierno consistía en fortalecer la economía nacional y proveer para la seguridad financiera de la nación, Estados Unidos no podía ignorar los asuntos externos. Las piedras angulares de la política exterior de Washington fueron mantener la paz, dar tiempo para que el país se recuperara de sus heridas, y permitir que la lenta tarea de integración nacional siguiera su marcha. Los acontecimientos de Europa eran una amenaza para esas metas. Muchos estadounidenses veían la Revolución Francesa con profundo interés y simpatía. En abril de 1793 llegaron noticias de que Francia había declarado la guerra a Gran Bretaña y España, y un nuevo emisario de París, Edmond Charles Genet — el Ciudadano Genet — llegaría a Estados Unidos.

Cuando la Revolución Francesa desembocó en la ejecución del rey Luis XVI en enero de 1793, Gran Bretaña, España y Holanda hicieron la guerra contra Francia. Según el Tratado de Alianza Franco-Estadounidense de 1778, Estados Unidos y Francia eran aliados perpetuos y los norteamericanos estaban obligados a ayudar a los franceses en la defensa de las Antillas. Sin embargo, Estados Unidos era un país muy débil en los aspectos militar y económico y no estaba en condiciones de involucrarse en otra guerra con grandes potencias europeas.

El 22 de abril de 1793, Washington abrogó efectivamente las condiciones del tratado de 1778 que hizo posible la independencia del país al proclamar que Estados Unidos sería "amistoso e imparcial ante las potencias beligerantes". A su llegada, Genet fue recibido con júbilo por muchos ciudadanos, pero el gobierno lo trató con una fría formalidad. Indignado, Genet rompió la promesa de no usar como corsario (buque de guerra de propiedad privada comisionado para asaltar barcos de naciones enemigas) un navío británico capturado. Además amenazó con exponer su caso directamente ante el pueblo estadounidense, pasando por alto la autoridad del gobierno. Poco después, Estados Unidos solicitó al gobierno de Francia la retirada de ese personaje.

El incidente Genet provocó tirantez en las relaciones de Estados Unidos y Francia en una época en que las relaciones de los norteamericanos con Gran Bretaña distaban mucho de ser satisfactorias. La tropa británica seguía ocupando varios fuertes en el oeste; las propiedades tomadas por los soldados de la Corona en la Revolución no habían sido devueltas ni pagadas; y la armada inglesa capturaba los barcos estadounidenses que se dirigían a puertos franceses. Al parecer, los dos países se acercaban a una guerra. Washington comisionó al primer presidente de la Corte Suprema, John Jay, como su enviado especial a Londres. Jay negoció un tratado para el retiro de los soldados británicos de los fuertes occidentales, pero dejó que los británicos prosiguieran el tráfico de pieles con los indígenas en el noroeste. Londres no asumió compromiso alguno sobre posibles capturas de barcos en el futuro. Más aún, el tratado no se ocupó del enconado asunto de los marinos estadounidenses "forzados" a servir en la Armada Real, impuso severas restricciones al comercio de Estados Unidos con las Antillas y aceptó la opinión de Gran Bretaña según la cual los alimentos, las provisiones navales y el material de guerra eran artículos de contrabando sujetos a incautación si se transportaban a puertos enemigos en buques de países neutrales.

El diplomático norteamericano Charles Pinckney tuvo más éxito en sus tratos con España. En 1795 negoció un importante tratado para zanjar la cuestión fronteriza de la Florida y dar acceso a los norteamericanos al puerto de Nueva Orleans bajo las condiciones impuestas por Estados Unidos. Al mismo tiempo, el tratado de Jay con los británicos reflejó la persistente debilidad estadounidense frente a una superpotencia mundial. Ese tratado fue muy impopular y sólo obtuvo el apoyo entusiasta de los federalistas que valoraban los nexos culturales y económicos con Gran Bretaña. Washington lo respaldó como la mejor negociación posible y el Senado lo aprobó después de un acalorado debate.

Las extravagancias del ciudadano Genet y el tratado de Jay demostraron tanto las dificultades que enfrentaba una nación pequeña y débil atrapada entre dos grandes potencias, como la amplia brecha que se abría entre los puntos de vista federalistas y republicanos. Para los federalistas, los republicanos que respaldaban la cada día más violenta y radical Revolución Francesa eran extremistas peligrosos ("jacobinos"); para los republicanos, los partidarios de la amistad con Inglaterra eran monárquicos que querían subvertir los derechos naturales de los estadounidenses. Los federalistas identificaban la virtud y el desarrollo nacional con el comercio; los republicanos pensaban que el destino de Estados Unidos era el de una vasta república agraria. Los planteamientos políticos de sus posiciones en conflicto habrían de ser cada día más vehementes.

ADAMS Y JEFFERSON

Washington se retiró en 1797 y declinó con firmeza la posibilidad de servir más de ocho años como jefe de la nación. Thomas Jefferson de Virginia (republicano) y John Adams (federalista) se disputaron la sucesión por el cargo. Adams obtuvo una estrecha victoria electoral. Sin embargo, desde el principio encabezó un partido y un gobierno divididos entre sus partidarios y los de su rival, Hamilton.

Adams se enfrentó a graves dificultades internacionales: Francia, irritada por el tratado de Jay con los británicos, adoptó la definición de contrabando propuesta por aquél y empezó a incautar los barcos estadounidenses que se dirigían a Gran Bretaña. En 1797 Francia ya había capturado 300 barcos de Estados Unidos y había roto sus relaciones diplomáticas con este país. Cuando Adams envió tres comisionados a París para negociar, agentes del ministro del Exterior Charles Maurice de Talleyrand (a quienes Adams designó como X, Y y Z en su informe al Congreso) informaron a los norteamericanos que las negociaciones sólo podrían comenzar si Estados Unidos hacía un préstamo de 12 millones de dólares a Francia y sobornaba a ciertos funcionarios del gobierno francés. La hostilidad estadounidense hacia Francia subió de tono. Lo que se llegó a conocer como el Asunto XYZ dio lugar al alistamiento de tropa y al reforzamiento de la incipiente Marina de Guerra de EE.UU.

En 1799, al cabo de una serie de batallas navales con los franceses, la guerra parecía inevitable. En esa crisis, Adams rechazó las sugerencias de Hamilton, quien deseaba la guerra, y reinició las negociaciones con Francia. Napoleón, que acababa de asumir el poder, los recibió con cordialidad. El peligro de conflicto se desvaneció con la negociación de la Convención de 1800, por la cual Estados Unidos quedó formalmente liberado de su alianza de defensa de 1778 con Francia. Sin embargo, en vista de la debilidad norteamericana, Francia se negó a pagar 20 millones de dólares de indemnización por los buques estadounidenses capturados por su armada.

La hostilidad hacia Francia indujo al Congreso a aprobar las Leyes de Extranjería y Sedición, que tuvieron graves repercusiones sobre las libertades civiles en EE.UU. La Ley de Naturalización, que modificó de cinco a 14 años el requisito para obtener la ciudadanía, iba dirigida a los inmigrantes irlandeses y franceses sospechosos de apoyar a los republicanos. La Ley de Extranjería, que sólo estuvo en vigor dos años, otorgó facultades al presidente para expulsar o encarcelar a los extranjeros en tiempo de guerra. La Ley de Sedición prohibió todo escrito, discurso o publicación de índole "falaz, escandalosa y maliciosa" contra el Presidente o el Congreso.

Esas leyes fueron recibidas con resistencia. Jefferson y Madison patrocinaron la aprobación de las Resoluciones de Kentucky y Virginia por las legislaturas de esos dos estados en noviembre y diciembre de 1798. En una declaración extrema de los derechos de los estados, las resoluciones sostuvieron que éstos podían "interponer" sus opiniones a las decisiones federales y "anularlas". Más tarde, la doctrina de la anulación sería esgrimida por los estados del sur en su resistencia a favor de los aranceles proteccionistas y, lo más ominoso, la esclavitud.

En 1800 el pueblo estadounidense ya estaba listo para un cambio. Bajo el mandato de Washington y Adams, los federalistas habían instituido un gobierno fuerte, pero a veces no respetaron el principio de que el gobierno nacional debe responder a la voluntad del pueblo y siguieron políticas que provocaron el alejamiento de grandes grupos. Por ejemplo, en 1798 promulgaron un impuesto sobre casas, tierras y esclavos que afectó a todos los dueños de propiedades del país.

Jefferson siempre había reunido tras sí una gran masa de pequeños agricultores, tenderos y otros trabajadores. Obtuvo una estrecha victoria en una elección disputada. En su discurso al asumir la presidencia, el primero en su tipo que se pronunciaría en la nueva capital de Washington, D.C., prometió "un gobierno prudente y frugal" para mantener el orden entre los habitantes, pero que, por lo demás, "éstos serían libres de dirigir sus propios afanes industriosos y de progreso".

La sola presencia de Jefferson en la Casa Blanca propició procedimientos democráticos. Él enseñó y practicó la simplicidad democrática, evitando gran parte de la pompa y circunstancia de la presidencia. De acuerdo con la ideología republicana, hizo recortes drásticos a los gastos militares. Convencido de que Estados Unidos era un asilo para los oprimidos, logró que se aprobara una ley liberal de naturalización. Al final de su segundo periodo en el cargo, su previsor secretario del Tesoro, Albert Gallatin, ya había reducido la deuda nacional a menos de 560 millones de dólares. Gracias a su gran popularidad, Jefferson ganó con facilidad la reelección como Presidente.

LOUISIANA Y GRAN BRETAÑA

Uno de los actos de Jefferson duplicó la superficie del país. Al final de la Guerra de los Siete Años, Francia había cedido a España el territorio ubicado al oeste del río Mississippi. El acceso al puerto de Nueva Orleans, cerca de su desembocadura, era vital para el embarque de los productos del país provenientes de los valles de Ohio y del río Mississippi. Poco después que Jefferson asumió la presidencia, Napoleón obligó al debilitado gobierno de España a ceder de nuevo a Francia la gran extensión conocida como el territorio de Louisiana. Esa decisión llenó a los estadounidenses de inquietud e indignación. Los planes de Francia, de tener un enorme imperio colonial junto a Estados Unidos, amenazaron seriamente el desarrollo futuro de este país. Jefferson afirmó que si Francia tomaba posesión de Louisiana, "en ese momento haremos causa común con la flota y la nación británicas".

Sin embargo, Napoleón perdió interés cuando los franceses fueron expulsados de Haití por una revuelta de esclavos. Sabiendo que otra guerra con Gran Bretaña era inminente, decidió vender Louisiana a Estados Unidos para llenar sus arcas nacionales y poner ese territorio fuera del alcance de los británicos. Esto colocó a Jefferson en un predicamento: la Constitución no confería facultades explícitas para la compra de territorios. Al principio el presidente quiso proponer una enmienda, pero una demora habría podido hacer que Napoleón cambiara de opinión. Advertido de que la facultad de comprar territorios estaba implícita en el poder de concertar tratados, Jefferson cedió y dijo que "la sensatez de nuestro país corregirá los males de una interpretación demasiado flexible cuando ésta produzca efectos adversos".

Estados Unidos realizó la "Compra de Louisiana" por 15 millones de dólares en 1803. Ésta abarcaba más de 2.600.000 kilómetros cuadrados y el puerto de Nueva Orleans. La nación ganó así una enorme extensión de ricos valles, montañas, bosques y sistemas fluviales que en menos de 80 años llegaría a ser el interior del país y un granero para el mundo.

Cuando Jefferson inició su segundo periodo en 1805, declaró la neutralidad de Estados Unidos en el conflicto entre Gran Bretaña y Francia. Aunque cada bando trató de restringir el comercio de los países neutrales con su rival, el control británico de los mares hizo que su interdicción y captura de barcos fuera mucho más grave que todas las medidas tomadas por la Francia napoleónica. Los comandantes navales británicos registraban habitualmente los navíos norteamericanos, incautaban barco y cargamento y se llevaban a los marineros pues los consideraban súbditos de la Corona. Además, a menudo alistaban marinos estadounidenses para su servicio.

Cuando Jefferson emitió una proclama ordenando el retiro de los buques de guerra británicos de las aguas territoriales de Estados Unidos, la reacción de Londres consistió en llevarse más marineros. Entonces Jefferson decidió usar la presión económica; en diciembre de 1807 el Congreso aprobó la Ley de Embargo, por la cual se prohibió todo el comercio exterior. Irónicamente, la ley requería una autoridad policial fuerte y eso acrecentó mucho el poder del gobierno nacional. En el aspecto económico fue un desastre. Las exportaciones de Estados Unidos cayeron a la quinta parte de su volumen anterior en sólo un año. Las compañías marítimas casi se arruinaron con esa medida y el descontento arreció en Nueva Inglaterra y Nueva York. También los intereses agrícolas padecieron mucho. Los precios cayeron en forma drástica cuando los granjeros del sur y el oeste no pudieron exportar sus excedentes de cereal, algodón, carne y tabaco.

El embargo no llegó a causar en Gran Bretaña tantas penurias que la obligaran a cambiar de política. A medida que aumentó el descontento en el país, Jefferson optó por una medida más benigna que concilió en parte los intereses de los exportadores nacionales. A principios de 1809 firmó la Ley de No Intercambio, por la cual se autorizó el comercio con todos los países, salvo Gran Bretaña o Francia y sus dominios.

James Madison fue el sucesor de Jefferson en la presidencia en 1809. Las relaciones con Gran Bretaña empeoraban y los dos países se acercaban de prisa a la guerra. El Presidente presentó entonces al Congreso un informe detallado que incluía varios miles de casos de ciudadanos de EE.UU. que fueron obligados por los británicos a prestar servicio naval. A su vez, muchos estadounidenses eran partidarios de conquistar Canadá, suprimir la influencia británica en Norteamérica y cobrar venganza por el alistamiento forzoso y la represión comercial. El fervor bélico era predominante en 1812 y Estados Unidos declaró la guerra a Gran Bretaña el 18 de junio.

LA GUERRA DE 1812

La nación fue a la guerra sumamente dividida. A diferencia del sur y el oeste, que estaban a favor del conflicto, Nueva York y Nueva Inglaterra se oponían a él porque era nocivo para su comercio. Los cuerpos militares de Estados Unidos eran débiles. El ejército tenía menos de 7.000 soldados regulares, distribuidos en bases muy dispersas a lo largo de la costa, cerca de la frontera con Canadá y en las comarcas remotas del interior. Las milicias de los estados estaban mal entrenadas y eran indisciplinadas.

Las hostilidades empezaron con una invasión al Canadá que si se hubiera realizado en forma oportuna y eficaz, habría sido una acción concertada contra Montreal. Sin embargo toda la campaña se malogró y terminó con la ocupación de Detroit por los británicos. Pese a todo, la Marina de Guerra de EE.UU. también tuvo éxitos. Además, corsarios estadounidenses invadieron el Atlántico y capturaron 500 naves británicas en los meses de otoño e invierno de 1812 y 1813.

La campaña de 1813 se centró en el lago Erie. El general William Henry Harrison — que más tarde sería Presidente — encabezó un ejército de milicianos, voluntarios y soldados regulares de Kentucky con el objetivo de reconquistar Detroit. El 12 de septiembre, cuando él estaba todavía en la región alta de Ohio, recibió la noticia de que el comodoro Oliver Hazard Perry había aniquilado a la flota británica en el lago Erie. Harrison ocupó Detroit y siguió su avance hasta Canadá, derrotando en el río Támesis a los británicos que huían con sus aliados indígenas. Así fue como toda la región quedó bajo el control norteamericano.

Un año después, el comodoro Thomas Macdonough venció en un duelo a boca de jarro a una flotilla británica en el lago Champlain, en la parte alta de Nueva York. Privada de apoyo naval, una fuerza invasora británica de 10.000 hombres se retiró a Canadá. Sin embargo, la flota de Gran Bretaña recibió la orden de "destruir y arrasar" y se dedicó a hostigar el litoral del este. La noche del 24 de agosto de 1814, una fuerza expedicionaria derrotó a la milicia estadounidense, se dirigió a Washington, D.C. y le prendió fuego. El presidente James Madison huyó a Virginia.

Negociadores de Gran Bretaña y Estados Unidos sostuvieron conversaciones en Europa. Sin embargo los enviados británicos, al saber de la victoria de Macdonough en el lago Champlain, aceptaron hacer concesiones. Ante el agotamiento de sus arcas nacionales, en gran parte por los altos costos de las guerras napoleónicas, los negociadores británicos aceptaron el Tratado de Gante en diciembre de 1814. En él se acordó el cese de hostilidades, la restauración de las conquistas y la creación de una comisión para resolver las disputas fronterizas. Sin saber que ya se había firmado un tratado de paz, ambos bandos siguieron luchando hasta 1815 cerca de Nueva Orleans, Louisiana. Bajo el mando del general Andrew Jackson, los estadounidenses obtuvieron allí la mayor victoria de la guerra en tierra firme y eso puso fin, de una vez por todas, a las esperanzas británicas de restablecer su influencia continental al sur de la frontera de Canadá.

Mientras británicos y estadounidenses negociaban un acuerdo, delegados federalistas elegidos por las legislaturas de Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Vermont y Nueva Hampshire se reunieron en Hartford, Connecticut para expresar su oposición a "la guerra del Sr. Madison". Nueva Inglaterra se ingenió para comerciar con el enemigo durante todo el conflicto y, de hecho, algunas regiones prosperaron con ese comercio. No obstante, los federalistas se quejaron de que la guerra estaba llevando la economía a la ruina. Ante el telón de fondo de la posibilidad de una separación de la Unión, la convención propuso una serie de enmiendas constitucionales para proteger los intereses de Nueva Inglaterra. En lugar de eso, el final de la guerra, interrumpida por la aplastante victoria en Nueva Orleans, imprimió en los federalistas un estigma de deslealtad del que nunca lograron recuperarse.